Investigación fiscal destapa red de corrupción en uno de los penales más seguros del país. INPE promete colaboración total con las pesquisas.
El penal de máxima seguridad Ancón I se encuentra en el ojo de la tormenta tras la revelación de un esquema de corrupción que permitió el ingreso de cocaína a sus instalaciones. La Fiscalía ha identificado al director del penal, Carlos Franco Medina, y a otros funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), como presuntos responsables de facilitar el paso de un vehículo cargado con droga.
El reportaje, presentado por el programa dominical Cuarto Poder, expuso cómo Franco Polo Huacachi Rivera, quien usó un Documento Nacional de Identidad (DNI) falso, logró burlar los controles de seguridad. Las cámaras de vigilancia registraron el momento en que Huacachi Rivera ingresó al penal en un vehículo que supuestamente transportaba chatarra. Sin embargo, tras una inspección más minuciosa, se encontraron varios paquetes de cocaína escondidos en los asientos del automóvil.
Según el informe, el director del penal ordenó personalmente que el vehículo pasara los controles. Las imágenes también muestran a Huacachi Rivera saludando directamente al director antes de acercarse al área de revisión. Aunque logró pasar tres controles iniciales, el nerviosismo del conductor alertó a un agente penitenciario, quien descubrió la droga durante una revisión final. En total, se hallaron ladrillos de cocaína en el respaldo del asiento del conductor y más paquetes en la cabina del vehículo.
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El presidente del INPE, Javier Llaque, respondió a las críticas asegurando que la detección de la droga fue producto del trabajo de los agentes penitenciarios y que la institución brindará todas las facilidades para las investigaciones. Además, destacó las limitaciones tecnológicas del sistema biométrico para identificar documentos falsificados. “El INPE no oculta nada. Apoyaremos en todo lo que sea necesario”, declaró.
El Ministerio Público ha formalizado la investigación contra los funcionarios implicados. Para Huacachi Rivera, se ha solicitado una condena de 17 años de prisión, mientras que el chofer contratista enfrentó una sentencia suspendida de 10 años. Este caso pone en evidencia los riesgos de corrupción en los penales peruanos, un tema de alta preocupación dado que Perú es el segundo productor mundial de cocaína y enfrenta una creciente influencia del narcotráfico en sus instituciones.
El sistema penitenciario peruano ahora enfrenta un nuevo desafío: garantizar que los penales de máxima seguridad sean verdaderos bastiones contra el crimen y no puertas abiertas para actividades ilícitas.
