Valeria Ponce

La noche del lunes 3 de enero del 2005, las fuerzas del orden tendieron el cerco definitivo sobre la municipalidad de Andahuaylas. Allí, atrincherado con armas robadas, rehenes en su poder y sangre de cuatro policías sobre sus manos, se encontraba Antauro Igor Humala Tasso, el cabecilla del levantamiento etnocacerista, el hombre que había convertido una ciudad de la sierra peruana en un campo de guerra durante más de 72 horas.

La captura fue la consecuencia inevitable del Estado al cerrar todos los espacios de escape. Acorralado dentro del local municipal, rodeado por más de 400 efectivos de la DIROES y del Ejército, Antauro Humala fue reducido y detenido. El hombre que se había proclamado líder de una «revolución» terminó esposado, sin escape posible.

Cuatro policías ya habían sido asesinados, cuatro nombres que el Perú tiene la obligación moral de no olvidar jamás: Carlos Cahuana, Luis Chávez, Ricardo Rivera y Abelardo Cerrón.

Apenas se supo que Antauro había sido capturado, los más de 150 reservistas que aún mantenían tomada la comandancia policial no reaccionaron con furia ni con desesperación. Esperaron la orden de su jefe. Eso es una estructura de mando militar, estaban entrenados para obedecer y, si era necesario, para matar. Era una operación armada con objetivos.

Desde su detención, Antauro Humala redactó una misiva. En ella, con la misma frialdad de quien ha ordenado matar, instruyó a sus huestes con dos palabras que resumen perfectamente la mentalidad golpista del grupo: «Depongan las armas». No hubo arrepentimiento. No hubo reconocimiento del crimen. Solo la orden táctica de un calculador que sabía que continuar la resistencia solo le perjudicaría en el juicio que se avecinaba.

A partir de las 7:30 de la mañana del martes 4 de enero, el Andahuaylazo llegó formalmente a su fin. Uno a uno los etnocaceristas fueron saliendo de la comandancia policial, entregando las armas robadas y rindiéndose ante las fuerzas del orden.

Los 17 policías rehenes que habían pasado horas aterrorizados en poder de fanáticos armados, fueron liberados. El saldo final fue devastador: seis muertos en total, cuatro policías ejecutados y dos reservistas abatidos durante los tiroteos, más un número indeterminado de heridos graves en ambos bandos. Una ciudad entera marcada por el miedo, la destrucción y la violencia inesperada de un hombre que quería imponer su delirio ideológico a punta de fusil.

Los detenidos fueron trasladados bajo fuerte custodia a Lima y distribuidos estratégicamente en distintos centros penitenciarios para evitar cualquier intento de motín o rescate. Los 13 principales lugartenientes de Antauro fueron enviados al Penal de Piedras Gordas en Ancón, el de máxima seguridad. Ochenta y dos reservistas fueron recluidos en el Penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho. Cincuenta y cinco más fueron conducidos al Penal de Cañete, al sur de Lima. Y las cuatro mujeres que participaron directamente en la asonada fueron internadas en el Penal de Mujeres de Chorrillos.

El proceso judicial por el Andahuaylazo concluyó en primera instancia en septiembre del 2009, tras un juicio que se extendió por aproximadamente 18 meses. El 16 de septiembre de ese año, la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió su veredicto.

Antauro Humala fue hallado culpable en calidad de autor mediato y coautor de una lista de delitos que pintan con exactitud el retrato de lo que es un criminal sin escrúpulos. Por Homicidio calificado, la sala determinó que Antauro actuó con crueldad deliberada en el asesinato de los cuatro efectivos policiales. Por secuestro, fue condenado por la toma como rehenes de efectivos policiales y militares. Por Rebelión, el tribunal estableció su responsabilidad directa en el alzamiento en armas destinado a alterar el orden constitucional del Estado peruano.

Un golpe de Estado fallido, en síntesis, porque lo que Antauro Humala quiso fue derribar la institucionalidad democrática a tiros. A estos delitos se sumaron daños agravados por los destrozos causados a la propiedad pública, la comisaría destruida, los vehículos quemados, Sustracción y arrebato de armas de fuego por el asalto a la armería policial, y Tenencia ilegal de armas de fuego.

La sentencia original fue de 25 años de prisión efectiva y una reparación civil que ascendía a poco más de 1 millón 283 mil soles, destinados en parte a los familiares de los policías asesinados, aproximadamente 280,000 soles para cada familia, y el resto para resarcir los daños al Estado. Sin embargo, posteriormente esta condena fue modificada.

Hay una dimensión del Andahuaylazo que los discursos políticos prefieren ignorar, el dolor de las familias de los oficiales asesinados, quienes llevan más de dos décadas esperando una justicia que el Estado y el propio condenado les siguen negando.

Hasta comienzos de 2024, los familiares de los cuatro policías asesinados denunciaron públicamente que Antauro Humala no les había pagado ni un solo sol de la reparación civil ordenada por el tribunal. El exmilitar que destruyó sus familias, que les quitó a un padre, a un esposo, a un hijo, ni siquiera tuvo la mínima dignidad de cumplir con la obligación económica que la justicia le impuso. Esas familias no piden favores. Exigen lo que la sentencia les reconoció. Y el silencio del Estado frente a este incumplimiento es, en sí mismo, una forma de complicidad con el verdugo.

Mientras Antauro Humala aparece en mítines de Roberto Sánchez y defiende su alianza política, concede entrevistas, las viudas y los huérfanos de sus víctimas esperan lo que nunca llega.

Es por esta situación que resulta indignante que Roberto Sánchez celebre el Andahuaylazo y pretenda normalizar ese baño de sangre orquestado por su aliado Antauro. (Mañana: Capítulo 4 – Final)