INPE aplicó redención de pena aduciendo que Antauro realizó manualidades en penal, pero éste lo negó
Por: Valeria Ponce
En septiembre de 2009, la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel sentenció a Antauro Humala a 25 años de prisión. Los cargos eran contundentes y los hechos, innegables: homicidio calificado por el asesinato a efectivos de la Policía, secuestro de 17 rehenes, rebelión, daños agravados y sustracción de armas del Estado. Una sentencia que, en teoría, lo mantendría tras las rejas hasta 2030.
Sin embargo, dos años después, en 2011, la defensa de Humala apeló la decisión ante la Corte Suprema de Justicia. Y la Sala Penal Permanente falló a su favor en un punto que, para las familias de las víctimas, resultó un golpe demoledor ya que modificó el delito de ‘homicidio calificado’ a ‘homicidio simple’.
El argumento de su defensa fue que los autores materiales de los disparos nunca fueron plenamente identificados y que no se pudo probar la premeditación y la alevosía exigidas por el tipo penal agravado. Tras recalcular las penas por los demás delitos, la Corte Suprema fijó la condena definitiva en 19 años. De un plumazo, seis años habían desaparecido.
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Pero ni siquiera esos 19 años los cumplió. El sábado 20 de agosto del 2022, Antauro Humala cruzó las puertas del penal de Ancón II tras 17 años, 7 meses y 14 días de prisión. ¿La razón? El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) le reconoció 3,667 días acumulados por concepto de redención de pena mediante trabajo y educación.
Según las planillas oficiales del INPE, Antauro Humala pasó sus años de presidio aprendiendo a combinar colores, elaborando tulipanes de papel, practicando macramé, preparando platos criollos y fríos, y certificándose en la elaboración de dulces navideños, chocolates y alfajores.
El proyecto más destacado en este penal fue registrado en febrero de 2018, la planilla consigna que logró ‘realizar un proyecto de Hello Kitty con habilidad y destreza’, por el cual obtuvo una calificación de 16. Para el INPE, cada siete días matriculado en uno de estos talleres equivalía a un día menos de cárcel.
Semanas después de su liberación, Humala declaró públicamente que él nunca hizo manualidades de Hello Kitty ni postres navideños. Afirmó que durante sus 17 años de prisión su único trabajo real fue leer, dirigir un periódico etnocacerista y escribir cuatro libros de contenido político-ideológico. Y añadió, firme y orgulloso, que firmó esas planillas porque el INPE no tenía un código para registrar ‘escribir libros’.
Sus palabras exactas fueron: «Yo he escrito en prisión cuatro libros, pero el INPE no los considera trabajo a pesar de que han sido presentados en la Feria Internacional del Libro. Yo no hice nada y este es mi trabajo. Como para el INPE esto no es trabajo, pues pusieron esas cojudeces que están ahí…Eso nunca lo he hecho y lo digo sinceramente. Es problema del INPE.»
De esta manera Antauro admitió haber firmado documentos oficiales del Estado que consignaban actividades que jamás realizó, y culpó a la institución por haberlos llenado mal.
El INPE, ante el escándalo, solicitó en septiembre de 2022 que la Procuraduría y la Fiscalía le abrieran investigación.
Especialistas en derecho penitenciario y exdirectores del INPE han explicado que revertir la excarcelación de Humala es jurídicamente complejo por razones que revelan las grietas del sistema. El INPE es un órgano técnico-administrativo, una vez que emite una resolución declarando que un reo cumplió su pena y lo excarcela, no tiene la facultad legal de anularla por su propia cuenta. Eso violaría el derecho constitucional a la libertad personal.
Para que Humala regresara a prisión por el caso del Andahuaylazo, el Ministerio Público o la Procuraduría habrían necesitado que un juez del Poder Judicial declarara la nulidad absoluta de la resolución del INPE, un proceso que toma años. Además, la defensa de Humala se escudó en que el INPE no tenía un código para registrar ‘escribir libros’ y sus funcionarios decidieron rellenar esas horas en el casillero de ‘Hello Kitty’ o ‘repostería’, el delito administrativo es del funcionario, no del reo que firmó lo que le pusieron enfrente.
Así, las investigaciones contra los funcionarios del INPE siguen su lento curso en el sistema anticorrupción de la Fiscalía. El caso penal del Andahuaylazo, en cambio, está cerrado. Y Antauro Humala, libre.
En diciembre de 2023, apenas 16 meses después de salir de prisión, Antauro Humala fundó su partido político, A.N.T.A.U.R.O. (Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros), y lo inscribió en el Jurado Nacional de Elecciones con la intención de postular a la presidencia en las elecciones generales de 2026. Sin embargo, la Corte Suprema le cerró ese camino al declarar la ilegalidad de su partido, una medida electoral que disolvió su organización pero que, naturalmente, no anuló su libertad física ni su influencia real.
Sin partido propio ni posibilidad legal de presentar su candidatura en 2026, Antauro Humala encontró otro camino, la alianza con Roberto Sánchez, candidato presidencial y líder de Juntos por el Perú (JP).
En enero de 2026, el candidato presidencial Roberto Sánchez participó en actos públicos junto a Antauro Humala para conmemorar el aniversario del Andahuaylazo, calificando el evento como una ‘acción política’ y una ‘gesta de rebeldía’.
Está declaración fue una toma de posición de un hombre que aspira a conducir los destinos del Estado peruano.
La posición actual de Antauro ha dejado absolutamente en claro que no guarda ningún remordimiento por el Andahuaylazo, ni por los cuatro policías asesinados, ni por los heridos, ni por los 17 rehenes sometidos al terror de una insurrección armada. Por el contrario, Humala reivindica el levantamiento armado de enero del 2005 como una gesta heroica. Sigue sosteniendo que su ideología etnocacerista es el único camino legítimo para la transformación del Perú y considera que a través del gobierno de Roberto Sánchez podrá materializarla.
