El Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) dispuso que Andrés Hurtado, conocido popularmente como ‘Chibolín‘, sea recluido en el penal de Lurigancho para cumplir los 18 meses de prisión preventiva que dictó el Poder Judicial (PJ) en su contra.
A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, la institución informó esta decisión, por lo que el presentador de televisión estará en prisión al menos hasta el 18 de marzo de 2026.
«El procesado Andrés Avelino Hurtado Grados ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Lurigancho, conforme a los procedimientos establecidos por el INPE», escribieron.
Por su parte, el abogado de Hurtado, Elio Riera, declaró a los medios que el comediante sufrió una descompensación emocional tras conocer la sentencia. “Evidentemente, se encuentra mal de salud. El estado anímico tiene que afectar. Tuve la información que tuvo una descompensación, pero eso fue hace dos horas”, indicó en “Amor y Fuego”, subrayando el impacto que esta situación ha tenido en la salud mental de su cliente.
La decisión del juez se fundamentó en la evaluación de la falta de arraigo laboral y familiar de Hurtado, lo que lo convierte en un potencial riesgo de fuga. En contraste, otros involucrados en la investigación, como la fiscal especializada en lavado de activos Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei, han sido sometidos a medidas distintas, que según especialistas fueron menos severas, como comparecencia con restricciones.
Ante la decisión del Juzgado, la defensa de Chibolín anunció que apelarán el dictamen, argumentando que no hay evidencia suficiente para justificar su encarcelamiento preventivo. A medida que el proceso judicial avanza, la salud de Hurtado continúa siendo motivo de preocupación para su entorno, quienes esperan que la apelación permita una revisión de la decisión del tribunal.
Andrés Hurtado fue sentenciado a 18 meses de prisión preventiva por el Poder Judicial debido a una investigación en su contra por presunta participación en tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos. Esta medida fue impuesta el 2 de octubre por el juez Juan Carlos Checkley del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
