Por: Pablo Carranza

La permanencia de Gilmer Álvarez Zapata en la jefatura de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) ha desatado una intensa controversia en la opinión pública por sus 19 denuncias judiciales por diversos presuntos delitos. Ante ello, La Razón conversó con el abogado Ángel Delgado, quien criticó duramente al mencionado funcionario y pidió que sea retirado del cargo cuanto antes.

«Simplemente me parece un descaro absoluto porque no estamos hablando de una ni de 2 sino 19 denuncias. O sea, es un tipo con un prontuario amplio, con una trayectoria absolutamente negativa, que además implica procesos judiciales, investigaciones, y quién sabe más. Una persona con esos antecedentes no puede pues postular ni ocupar ningún cargo en la administración pública y mucho menos un cargo de responsabilidad”, mencionó el letrado.

Además, dijo que “esto revela que José Jerí y este señor no tenía ningún tipo de reparo, ningún tipo de decoro, ni temor para poner a cualquiera. Parece que se esfuerzan en poner personas con antecedentes, y por eso deploro profundamente que el Estado peruano se trate como si fuera un botín”.

Las 19 denuncias atribuidas a Álvarez Zapata han encendido las alarmas en el debate público. Aunque la existencia de procesos o investigaciones no equivale a una sentencia condenatoria, el volumen de cuestionamientos ha sido considerado por diversos actores como un elemento que debió ser evaluado con mayor rigor antes de concretar su designación. La transparencia y la probidad son principios fundamentales en la administración pública, especialmente en entidades cuya labor impacta directamente en la seguridad de millones de usuarios.

Por eso, Ángel Delgado cuestionó severamente los mecanismos de selección de altos funcionarios en el Estado. Según sostuvo, resulta preocupante que una persona con tal cantidad de denuncias pueda acceder a la conducción de un organismo estratégico. Para Delgado, el problema no se limita a un nombre propio, sino que evidencia una falla estructural en los procesos de evaluación y control previo.

 

“Este señor (Gilmer Álvarez) hace rato, a la luz de las denuncias que la prensa está realizando, ya debería estar dejando inmediatamente este responsabilidad y, por supuesto, el Ministerio Público debería abocarse a una investigación para averiguar cómo un delincuente, porque una persona que tiene estos antecedentes es un delincuente, está ocupando un cargo de responsabilidad dentro del estado”, añadió.

Asimismo, indicó que “una persona con antecedentes de esta naturaleza criminal no puede ocupar un cargo de responsabilidad. Es poner el gato en el despensero. Su designación fue en los tiempos de Jerí, pero ya debería haberse producido una limpieza, una profilaxis en todo el resto del estado”.

Hay que recordar, que la revelación ha generado una ola de críticas desde distintos sectores políticos y sociales, que exigen explicaciones sobre los filtros aplicados para su nombramiento y sobre la idoneidad de los funcionarios que asumen cargos de alta responsabilidad en el Estado.

La Sutran es el organismo encargado de supervisar y fiscalizar el transporte terrestre de personas y mercancías en el país, una función clave en materia de seguridad vial y control normativo. En ese contexto, la figura de su titular adquiere especial relevancia, no solo por la gestión administrativa que debe liderar, sino también por el mensaje institucional que proyecta hacia la ciudadanía.

Delgado también apuntó responsabilidades políticas en la decisión. En ese sentido, cuestionó que el expresidente de la República, José Jerí, haya designado a Álvarez Zapata en el cargo sin que se hayan considerado con suficiente profundidad los antecedentes judiciales del funcionario. Las críticas se inscriben en un contexto más amplio de desconfianza ciudadana hacia las instituciones y de creciente exigencia de estándares éticos más elevados en la función pública.

Desde el Congreso de la República, parlamentarios como Jaime Quito y José Cueto han pedido que se revisen los criterios de nombramiento y que se establezcan mecanismos más estrictos de verificación de antecedentes. La discusión gira en torno a si la normativa vigente es suficiente o si se requieren reformas que garanticen procesos más transparentes y meritocráticos, con filtros que incluyan evaluaciones exhaustivas de la trayectoria judicial y administrativa de los candidatos.

Mientras tanto, la controversia continúa creciendo y se espera que en los próximos días se conozcan pronunciamientos oficiales que aclaren la situación y definan eventuales acciones. En un escenario marcado por la demanda ciudadana de mayor transparencia, el caso pone a prueba no solo la continuidad de un funcionario, sino también la solidez de los mecanismos de selección y supervisión en el aparato estatal.