Por: Pablo Carranza
El analista político Ángel Delgado aseguró que, si el Banco Central de Reserva del Perú comprara a precio de mercado, la producción de oro de los mineros informales, el resultado sería que las reservas nacionales de este cotizado mineral precioso se incrementarían y “entonces, el Perú tendría una economía más potente, un respaldo para cualquier otra actividad”.
Señaló que “si el Banco Central o cualquier entidad del Estado peruano pudiera comprarles a estos mineros informales a precio de mercado el producto de sus excavaciones, en lugar de sacarlo de contrabando por Bolivia, el Perú capitalizaría ingentes cantidades de recursos en metal precioso, los cuales irían al Banco Central e incrementarían las reservas nacionales a cambio de papel moneda. Entonces sería, pues, un negocio importante para el país como nación el poder garantizar que esa producción minera que algunos calculan en muchos miles y millones de dólares se quede acá”.
Toda vez, que “cualquier actividad que es grabada en impuestos, esos impuestos van a incrementar los ingresos nacionales, pero no solamente son los impuestos, sino que es la propia actividad. Vamos a hablar del oro, que es a lo que más se dedica toda esta gente” (…) “Creo que implica que una ingente riqueza que se extrae de modo muchas veces entre la ilicitud y la informalidad, se pierde, son metales preciosos que se fugan del país, se da cuenta con el perjuicio que eso significa, indudablemente. La formalización implicaría que estos productos se tramitarían, se realizarían aquí en el Perú, y eso va a redundar en el incremento de la riqueza nacional”.
Entonces, argumentó el especialista, “si el Perú atesora este recurso, va a fortalecer sus reservas internacionales, sus reservas en metal precioso, y entonces el Perú va a tener una economía más potente, un respaldo para cualquier otra actividad. Creo que ese es el principal incentivo de la formalización, garantizar que el trabajo minero de esta naturaleza informal genere una riqueza que sea usada por el Perú en extrema distancia”.
En ese sentido, razonó que “evidentemente, la formalización implica que una actividad en una penumbra de legalidad pueda tener las ventajas, sea reconocida como tal y genere beneficios, en primer lugar, para los propios actores que se dedican a la actividad. Obtener créditos, apoyos, respaldos, asociaciones, en fin. Creo que la formalización, cuando una persona se mueve en el mundo formal, tiene una evidente superioridad frente a una persona que se mueve en el campo de la informalidad, donde está ajeno al acceso a un conjunto de derechos para cualquier actividad, en este caso de tipo económico”.
Asimismo, matizó que “el problema es que la informalidad surge por una situación anterior, porque la Ley General de Minería establece el derecho que tienen las personas naturales y jurídicas, empresas también, para hacer denuncios mineros. Ahí donde uno cree que puede haber algún tipo de mineral útil para la vida económica, hace un denuncio, se establecen las coordenadas, la zona, el perímetro y esa zona queda denunciada a nombre de uno, para que en un tiempo determinado lleve adelante una actividad minera. Pero lo que sucede es que pasa el tiempo y esto no se produce. Conociendo que en ese lugar habría minerales preciosos, no se explota por parte del titular de la concesión, que debería llevar adelante una inversión para tener una mina”.
“Entonces, ante ese vacío en una tierra que está sin explotación, vienen pequeños grupos o personajes que empiezan a hacer excavaciones totalmente informales, al margen de la legalidad y, en consecuencia, se genera ahí el fenómeno de la minería informal”, indicó Ángel Delgado.
“Formalizar la actividad minera, implica resolver el tema de las concesiones que han sido otorgadas y que sobre los cuales hay derechos de terceros, de particulares, de personas jurídicas, empresas que tienen esos derechos. Entonces, ahí, cualquier solución tiene que pasar por buscar cómo articular y conciliar los intereses del titular del denuncio minero con estas actividades informales”, señaló.
