La candidatura de Antauro Humala podría quedar fuera de las Elecciones 2026 por “pensamiento violento y de odio”, la Corte Suprema anunció que quedó al voto la demanda para declarar la ilegalidad del partido del que pretendía llegar al sillón de Pizarro.
Luego de solicitar que se declare la ilegalidad de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O), vinculada a Antauro Humala, el fiscal Hernán Mendoza sustentó sus alegatos. Entre ellos, mencionó el pensamiento “violento y de odio” que comparte el partido y el exmilitar condenado a 17 años de cárcel por homicidio y rebelión.
Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público explicó que no cuestiona el “pensar distinto”, como afirma la defensa de Humala, sino las expresiones del hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) que atentan contra derechos fundamentales, los cuales comparte su organización política.
Incluso, añadió que la disolución se pide como “acto de prevención” a las acciones que la imagen de A.N.T.A.U.R.O. anunció en varias presentaciones públicas y entrevistas, como son el fusilamiento de los exmandatarios involucrados en actos de corrupción, o actos de represión contra los integrantes de la comunidad LGTBI.
En ese sentido, Mendoza planteó a los magistrados que se declare la ilegalidad del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.RO) por mantener una conducta contraria a los principios democráticos, y, como pretensión accesoria, la cancelación de su registro como agrupación política.
Por su parte, el abogado del partido manifestó que Antauro Humala “no representa al partido” y que es “un militante que tiene derecho de opinión”. Además, remarcó que “en ningún momento, el partido se ha adherido a sus expresiones”.
Tras el debate en audiencia pública, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema anunció que quedó al voto la demanda para declarar la ilegalidad del partido de Humala.
Como se recuerda, la demanda fue interpuesta por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. A través de un comunicado expuesto en redes sociales, mencionaron que la agrupación ejecuta “actividades contrarias a los principios democráticos y vulnera sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales promoviendo atentados contra la vida e integridad de las personas (expresidentes) y la exclusión o persecución de personas por cualquier razón (comunidad LGTBIQ+ e inmigrantes)”.
En ese sentido, requirieron la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el cierre de los locales partidarios y la imposibilidad de reinscripción. “A mérito de ello, se inhabilite a los ciudadanos que integran la cadena de mando que resulten responsables por la conducta antidemocrática cometida por la organización demandada”, expresaron.