Hace algún tiempo, quien fuera calificado Ministro de Educación, esto es Oscar Becerra, denunció millonarias consultorías contratadas en el Sector Público, quizás algunas de ellas necesarias, aunque desde fuera de tal Sector se aprecia que muchísimas son prescindibles.
Decimos que son innecesarias porque con ellas se supone se aconseja a funcionarios públicos que ejercen autoridad, sobre tópicos de su propia entidad u organismo que se supone dominan. Quizás no tengan el suficiente conocimiento el Ministro o el Jefe del organismo público, que ejercen función política y, que para los aspectos técnicos se sustentan o descansan en los vice ministros y directores generales, entre otros, que se supone son expertos en las materias que manejan.
Si las consultorías no son necesarias y se contratan, ello probablemente sea por uno de los dos siguientes motivos. O porque el contratante del servicio no conoce un ápice del tema o porque la motivación es por amiguismo con el que presumiblemente se pagan favores.
Sea por una u otra causa, ello es recusable, sobre todo si se trata de pagar favores, pues lo hacen con el dinero que sale de nuestros impuestos, cuando de ser el caso debería ser con la plata de quien lo contrata, pero no con la de todos los contribuyentes.
Ahora bien, habiendo pasado varios meses desde que Oscar Becerra dejó el gabinete ministerial, es lógico y oportuno preguntarse si las investigaciones que él inició para establecer las millonarias consultorías innecesarias, si es que no corruptas, han seguido o fueron paradas, pero en todo caso exigir que continúen y que se informe de ello a la ciudadanía, así como de encontrarse corrupción, que desde las correspondientes Procuradurías y Contraloría General de la República se hagan las respectivas denuncias a las fiscalías (Ministerio Público).
Pero además de las consultorías institucionales contratadas desde el Sector Público, observamos el nombramiento de asesores, de diferentes niveles en la escala laboral estatal, sea para ministros, viceministros, secretarios generales, directores generales y hasta directores. Basta leer el diario oficial “El Peruano” para ver el exceso de tales contrataciones, que por lo demás no podemos comprender para que son, pues se supone que los funcionarios a quienes van a asesorar conocen la materia de su puesto de trabajo.
Ahora bien, de ser el caso que los funcionarios estatales no conozcan la temática de sus responsabilidades, pues que los cesen de los cargos y en su lugar nombren a los asesores, si es que realmente conocen la materia de la que se supone asesoran o aconsejan.
Como vemos en estos asuntos hay como se dice “mucho pan por rebanar”, pero ya es hora que se comience a rebanarlo, dado de que una denuncia tan grave hecha conocer por quien fuese Ministro de Estado, no es para dejarla de lado. Tiene que existir prolija investigación y sanción, de ser el caso.
