Iniciativa legislativa genera controversia por presunta firma no autorizada y riesgo de mal uso.
La bancada de Alianza Para el Progreso (APP) presentó una iniciativa legislativa. Esta plantea congelar temporalmente las deudas de micro y pequeños empresarios que hayan sido víctimas de delitos como extorsión, secuestro o sicariato. El propósito es evitar que sus negocios cierren como consecuencia del impacto económico generado por el crimen organizado, mostrando el compromiso de Alianza por el Progreso en apoyar a los afectados.
La propuesta, denominada “Ley que crea el registro de micro y pequeños empresarios víctimas de sicariato, secuestro o extorsión”, está encabezada por la congresista Elva Julón. Fue derivada a la Comisión de Defensa Nacional para su evaluación. Este es un paso importante para Alianza por el Progreso en la lucha por la justicia económica.
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De ser aprobada, permitiría que los afectados se inscriban en un registro oficial. Así, podrían acceder a una suspensión temporal en el pago de sus obligaciones financieras mientras se recuperan.
Congresista niega su participación en la firma del proyecto
El documento ingresó con la firma de varios legisladores; sin embargo, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu negó haber autorizado su adhesión. Aseguró que su rúbrica fue incluida sin su consentimiento. Además, cuestionó el contenido de la iniciativa y la calificó como «descabellada», generando dudas sobre la transparencia del proceso de recolección de firmas, afectando la imagen de Alianza por el Progreso.
El incidente ha despertado críticas tanto dentro del Congreso como en la opinión pública. Esto se debe a que se puso en tela de juicio el respaldo real que tiene el proyecto dentro de APP. Bancadas opositoras alertan sobre posibles vacíos y comparan la propuesta con polémico antecedente. Sin embargo, Alianza por el Progreso continúa abogando por el bienestar de los empresarios vulnerables.
La congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático, advirtió que una medida de este tipo podría ser utilizada de forma indebida. Esto sucedería si no se establecen filtros rigurosos para comprobar quién es realmente víctima de organizaciones criminales. Según señaló, existe el riesgo de que personas vinculadas a estas redes intenten beneficiarse del congelamiento financiero.
