Comisión deja desición final en manos del Pleno del Congreso
La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida contó con el voto favorable de 17 integrantes frente a 3 oposiciones y una abstención, durante una sesión que se caracterizó por un debate polarizado y la presencia de mineros en los exteriores del Congreso.
El respaldo vino por parte de parlamentarios de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Somos Perú, Juntos por el Perú-Bloque magisterial y Podemos.
La iniciativa, aprobada en una sesión que se caracterizó por su carácter controversial, no solo busca prorrogar la vigencia del Reinfo, sino también la revisión del registro de más de 50 mil operadores mineros excluidos en junio pasado por inactividad superior a un año.
Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, promovió la inclusión de excepciones que restringen el acceso a reincorporación en el Reinfo, refiriéndose explícitamente a personas con antecedentes penales por delitos asociados a la minería ilegal y a operarios sancionados por explotar recursos en zonas prohibidas. “Apoyamos la reincorporación solo para quienes realmente pueden completar este proceso, sin antecedentes ni sanciones graves”, sostuvo.
No obstante, la ampliación del Reinfo ha generado reacciones encontradas en el escenario político y social peruano. Mientras organizaciones como la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) exigían su aprobación y alertaban que un escenario contrario colocaría en situación irregular a miles de mineros artesanales que aún no completan el proceso de formalización, el sector empresarial y diversas asociaciones han mostrado un rechazo frontal a la iniciativa.
Cabe mencionar que el Reinfo, creado para facilitar la transición de mineros informales hacia la legalidad, ha operado casi diez años en Perú. Sin embargo, solo el 2% de los 87 mil mineros inscritos logró completar la formalización. Mientras tanto, el 78% fue suspendido por irregularidades administrativas y omisiones, lo que, desde la perspectiva empresarial, evidencia una falta de eficacia del instrumento.
La Comunidad Andina ya reclamó al Estado peruano por las continuas prórrogas del Reinfo y requirió en octubre una “corrección inmediata del marco normativo”. Líderes indígenas, especialmente en regiones como Loreto, acudieron al organismo andino denunciando que el registro “sirve de escudo para operaciones ilegales que utilizan mercurio y afectan ríos y comunidades”.
