Subcomisión pide la misma medida para Bocángel y Ramírez
Se plantea denunciarlos ante la fiscalía por cohecho activo genérico y tráfico de influencias
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe sobre la denuncia contra los congresistas no agrupados Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez por el caso de la supuesta compra de votos para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.
El documento, elaborado por el parlamentario César Segura (Fuerza Popular), recomienda destituir a los tres legisladores mencionados.
Hacia las 8:40 p.m., la comisión votó primero respecto al juicio político por presunta infracción constitucional por cada uno de los denunciados. En los tres casos, el resultado fue por 10 a favor — legisladores de Fuerza Popular, Nuevo Perú y Frente Amplio— y 5 en contra para aceptar la recomendación de destitución.
Posteriormente se dio paso a la votación sobre el antejuicio por la presunta comisión de delitos en ejercicio de función. También se tomó la decisión por cada caso y por cada delito imputado. El resultado fue también a favor por mayoría, hubo 13 votos a favor y dos abstenciones.
De acuerdo al informe, Fujimori, Bocángel y Ramírez son responsables de infringir los artículos 35, 38, 39, 43, 44 y 45 de la Constitución.
Además, se plantea denunciarlos ante la fiscalía por los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias (artículos 397 y 400 del Código Penal). En el caso del delito de cohecho pasivo impropio, el informe planteó el archivo y esto fue refrendado por la comisión.
El documento también señala que se ha determinado que Kenji Fujimori y Guillermo Bocángel, en la reunión que tuvieron con el congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) –quien grabó esta conversación, que luego fue difundida a través de un video–, “realizaron ofrecimientos de influenciar ante el Ejecutivo […] y prebendas” en los días previos a la votación de la vacancia de Kuczynski, “tal como ha sido corroborado por los testigos y la visualización de los audios y videos”.
En el caso de Ramírez, se indica que se ha determinado que en la reunión que sostuvo con Mamani y sus colegas fujimoristas Carlos Ticlla y Modesto Figueroa –quien grabó esta conversación– “realizó ofrecimientos de prebendas e influenciar ante el Ejecutivo a los [tres] congresistas”.
La difusión de los audios y videos de los diálogos provocó la renuncia de PPK a la presidencia.
Si la denuncia contra los congresistas es ratificada en la Comisión Permanente, se formará un subgrupo que presentará el informe ante el pleno y llevará a cabo la acusación.
Para aprobar la acusación contra los legisladores, se requiere la votación de la mitad más uno del número de miembros del Congreso (66), sin contar a los integrantes de la Comisión Permanente.
Para aprobar la destitución, se necesita la votación a favor de dos tercios del número de legisladores (87), sin contar a los integrantes de la Comisión Permanente.
Durante el debate, el legislador de Nuevo Perú, Horacio Pacori, pidió considerar para los denunciados la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Por su parte, Juan Sheput, de Peruanos por el Kambio, sostuvo que el informe tenía “una serie de inconsistencias” y se expresó inconforme con este al no estar sustentado en hechos concretos, sino en “ambigüedades”.
Quien también expresó reparos fue el aprista Javier Velásquez Quesquén, pues refirió tener una “abierta discrepancia” con el documento. Según dijo, este no está probando infracciones, sino “las está creando y eso me parece grave”. «Lo que se está haciendo es cercenando una herramienta fundamental del Congreso. Se está penalizando una negociación política. Eso no es una infracción a la Constitución», advirtió.
