La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al exministro de Salud, Víctor Zamora, a raíz de las presuntas irregularidades en su gestión durante la pandemia del covid-19.
A Zamora se le atribuye la comisión del delito de omisión, rehusamiento y demoras de actos funcionales, así como la presunta infracción del artículo 9 de la Constitución.
En ese sentido, se recomienda su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por el plazo de 10 años.
La decisión se adoptó con 13 votos a favor, 1 en contra y se registró una abstención. Ahora, el informe en mención deberá ser votado y ratificado en el Pleno del Congreso.
En el informe final se cuestiona la labor de Zamora durante la pandemia del covid-19 y algunas medidas que pusieron en riesgo la salud de todos los peruanos, como por ejemplo, la adquisición y suministro de oxígeno medicinal no adecuado y de pruebas rápidas.
Respecto al primer punto, el legislador Jorge Montoya, a cargo de la investigación, advirtió que las políticas impulsadas por el exministro, como por ejemplo, la imposición del uso de oxígeno medicinal del 99%, provocaron que se obstaculice la compa de oxígeno de 93%, permitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que habría podido ayudar a salvar más vidas.
En el documento también se cuestiona la decisión de Zamora de mantener la compra de pruebas rápidas, pese a que la OMS y la OPS no validaban la efectividad de este tipo de procedimientos para detectar el covid-19.
“Sobre la compra de pruebas rápidas, en la denuncia se indica que la OMS y la OPS solo reconocieron el uso de la prueba molecular para detectar el covid-19,; sin embargo, el 19 de marzo del 2020 el Gobierno de ese entonces anunció en conferencia de prensa la adquisición de 1 millón, 400 mil pruebas rápidas, con pleno conocimiento de lo anteriormente detallado”, aseveró Montoya.
