Nuevo texto sustitutorio establece una Bonificación Especial por Trabajo Agrario de 30% de la Remuneración Mínima Vital (RMV), que en la actualidad suma s/279.00
El Pleno del Congreso de la República aprobó el nuevo texto sustitutorio de la Ley del Régimen Laboral Agrario, después de 25 días de derogar la anterior norma.
La decisión se alcanzó con 58 votos a favor, 32 en contra y 29 abstenciones. Se votó la integridad de la norma, exceptuando la novena disposición complementaria final, referida a los beneficios tributarios para la actividad, en agroindustrial en zonas alto andinas (más de 2,250 msnm).
La nueva ley agraria establece una Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA) de 30% de la Remuneración Mínima Vital (RMV), lo que actualmente suma S/ 279. Este bono no tiene carácter remunerativo.
El BETA puede pagarse mensualmente o en proporciones diarias en función al número de días laborados.
NUEVO TEXTO
En este nuevo texto sustitutorio se eliminó el artículo que incorporaba en la norma a las actividades relacionadas al cultivo de la palma aceitera.
En su reemplazo, se agregó la octava disposición complementaria final, en donde es establece que el régimen laboral alcanza a la industria de la palma aceitera, pero no los beneficios tributarios.
Desde 2031 en adelante pagarían la tasa de 29.5% del régimen general.
Por otro lado, La norma establece que los trabajadores del sector participen del 5% de las utilidades de sus empresas entre los años 2021 y 2023; del 7.5% entre los años 2024 y 2026; y del 10% de las utilidades a partir de 2027.
Además, plantea que las empresas cuyos ingresos netos no superen las 1,700 UIT pagarán una tasa de 15% de Impuesto a la Renta (ya no 10%) entre los años 2021 y 2030. Desde 2031 en adelante pagarían la tasa de 29.5% del régimen general.
Se añadió también que las empresas agrarias cuyos ingresos netos no superen las 1,700 UIT tendrán el derecho a la devolución del 10% de la reinversión de hasta el 70% del monto de las utilidades anuales, luego del pago del IR, entre 2021 y 2030.
Anoche, en una larga sesión plenaria, el Congreso se abstuvo en el voto de la ley agraria. Hoy se reanudó el Pleno a las 10:00 a.m., en el último día de la legislatura.
NOVENA DISPOSICIÓN
En una votación posterior, la novena disposición complementaria final no alcanzó los 79 votos necesarios para ser incluida en el texto recientemente aprobado. Por ende, quedó desaprobada con 63 votos a favor, 24 en contra y 33 abstenciones.
Esta disposición se refería a los beneficios tributarios al cultivo, crianza o actividad agroindustrial en las zonas altoandinas (más de 2,250 msnm). Establecía que las personas naturales o jurídicas de este rubro cuyos ingresos netos superen las 1,700 UIT, estarán sujetas al pago del 10% del IR hasta el 2030.
RESPUESTA
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Sociedad Nacional de Pesquería, la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú) y las Cámaras de comercio de Arequipa, Ica y La Libertad mostraron su rechazo y profunda preocupación ante el panorama de incertidumbre política que vive el país por la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria.
A través de un comunicado señalaron que la remuneración mínima vital se debate técnicamente y se acuerda por consenso, en el Consejo Nacional de Trabajo, con participación de trabajadores y empleadores. Por tal motivo, considera urgente que el Congreso de la República desista de fijar sueldos por ley, lo cual promoverá la informalidad laboral.
“Los empresarios de la pequeña, mediana y la gran empresa, expresamos nuestro rechazo y profunda preocupación ante el panorama de incertidumbre política que estamos viviendo, producto de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, tres semanas atrás, sumiendo al país entero en una situación de incertidumbre y generando expectativas salariales irreales en la población”, se lee en la misiva.
Agrega que esta ley ha permitido generar cientos de miles de empleos formales y reducir la pobreza en zonas rurales, pasando de 81% a 30%. Sin embargo, el Congreso de la República la derogó semanas atrás.
“Lejos de resolver el problema puntual, se quiere hoy imponer una remuneración a través de una ley, hecho que es anti técnico e inconstitucional, significa regulación de precios y viola el derecho de libre contratación y negociación directa entre trabajadores y empleadores”, manifiestan.
POBLACIÓN
“El Congreso no ignora que la sobrerregulación laboral ha significado que de los 17 millones de trabajadores que componen la población económicamente activa del país, solo 5 millones accedan a algún derecho laboral y 12 millones trabajen en la informalidad, es decir, precariamente, sin protección de salud, sin reglas de higiene y seguridad, sin protección por cese arbitrario, sin vacaciones y CTS y con salarios muy lejos del mercado laboral formal”, dice el comunicado.
