Gobierno promulga Decreto Supremo
Nuevas noticias sobre los bonos de reconocimiento de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). El Gobierno de Dina Boluarte ha promulgado el Decreto Supremos N° 057-2024-EF, que aprueba el otorgamiento de una garantía de más de S/34 millones a favor de los Bonos de Reconocimiento de la ONP.
Como se sabe, actualmente existen tres tipos de estos bonos. Sin embargo, aún está pendiente de resolverse el que se aprobó en abril de 2023. En enero, el Gobierno presentó una demanda contra Ley del Bono de Reconocimiento —la cual autorizaba el pago a los aportantes de la ONP que se trasladaron a la AFP—. Se esperaba que el Tribunal Constitucional resolviera esto en marzo.
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La norma emitida por el Gobierno aprueba una garantía para los Bonos de Reconocimiento, Bonos de Reconocimiento Complementarios y Bonos Complementarios de Pensión Mínima, que serán emitidos por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) durante el 2024.
Esto aseguraría que el monto de los estos beneficios para afiliados de la ONP esté asegurados hasta por S/34 millones 311 mil 283, que la ONP estaría preparando para este 2024, los cuales se contemplan como de tres tipos.
Asimismo, se detalla que el “MEF aprobará, mediante resolución ministerial, las normas complementarias que fueran necesarias para la aplicación del presente decreto supremo”.
En abril de 2023, el Congreso promulgó la ley que proponía la actualización del bono de reconocimiento a los aportantes y exaportantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que se trasladaron al Sistema Privado de Pensiones (SPP), del 2002 al 2021. Esta norma se sumaba a los actuales bonos de reconocimiento vigentes para aportantes de la ONP que migraron al sistema privado (bajo la ley de bono de reconocimiento de 1992, 1996 y 2001).
Así, a pesar de que este nuevo bono de reconocimiento fue aprobado por insistencia con 85 votos a favor, 7 en contra y 13 abstenciones, el 13 de abril de 2023 en el Pleno del Congreso, la autógrafa de esta ley fue observada por el Ejecutivo. Asimismo, en enero de este año, el Gobierno prensetó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley (antes, el Ejecutivo había mostrado preocupación dado que esta medida podría perjudicar la caja fiscal).
