El reino del Golfo, a pesar de las críticas internacionales, ha ejecutado a 198 personas en lo que va del año, superando los máximos históricos registrados desde 1990.
En 2024, Arabia Saudita alcanzó una cifra récord de ejecuciones, al llegar a 198 casos confirmados. Este número supera los máximos previos de 196 ejecuciones en 2022 y 192 en 1995. La cifra ha generado preocupación entre las organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes acusan al gobierno saudí de llevar a cabo una campaña implacable de pena capital, en un contexto donde el reino busca modernizar su imagen internacional.
La organización Amnistía Internacional ha denunciado este aumento como una «matanza sin tregua», señalando que el número de ejecuciones ha ido en aumento desde 2022. Según Agnes Callamard, secretaria general de la organización, el reino saudí ha mostrado un «desprecio escalofriante por la vida humana», a pesar de sus intentos por reformar su imagen a nivel global. Callamard instó a las autoridades a establecer una moratoria inmediata de las ejecuciones y revisar los casos de los condenados bajo estándares internacionales, sin recurrir a la pena capital.
En 2023, Arabia Saudita se posicionó como el tercer país con más ejecuciones en el mundo, detrás de China e Irán. A pesar de las promesas de reformas y cambios en su uso de la pena de muerte, los números siguen al alza. Jeed Basyouni, de la ONG Reprieve, afirma que el récord actual demuestra que las promesas del gobierno saudí de reducir el uso de la pena capital no se han cumplido, e incluso se han revertido.
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El incremento también ha sido atribuido a la reanudación de las ejecuciones por delitos relacionados con drogas. El país rompió una moratoria de tres años sobre estos casos a finales de 2022, condenando a 19 personas en un solo mes. Según Amnistía Internacional, un total de 52 de las 198 ejecuciones de este año están relacionadas con delitos de drogas.
La comunidad internacional, especialmente las Naciones Unidas, ha instado repetidamente al reino a reconsiderar el uso de la pena de muerte, argumentando que castigar con la pena capital por delitos de drogas va en contra de los estándares internacionales. Sin embargo, la presión pública sobre el régimen saudí ha disminuido en los últimos años, permitiendo que el gobierno continúe con estas prácticas sin un escrutinio significativo.
