El Poder Judicial encontró al exmandatario responsable de otorgar la buena pro para los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur a cambio de 35 millones de dólares.
Alejandro Toledo, expresidente de Perú (2001-2006), ha sido sentenciado a 20 años y seis meses de prisión por su implicación en un escándalo de corrupción relacionado con la constructora brasileña Odebrecht. La decisión fue tomada por un tribunal en Lima y representa un hito en la lucha contra la corrupción en el país.
Según la tesis fiscal, la acusación penal contra Alejandro Toledo Manrique se fundamenta en los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. El expresidente habría recibido más de 30 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, una de las empresas más involucradas en el escándalo de corrupción que ha afectado a varios países de América Latina. Esta situación subraya la magnitud del caso y su impacto en la política regional.
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Alejandro Toledo podría ser el primer expresidente peruano condenado por el Caso Odebrecht
De la condena impuesta, nueve años de prisión corresponden al delito de colusión agravada y once años y seis meses por lavado de activos. Alejandro Toledo cumplirá esta sentencia desde el penal de Barbadillo, donde ya se encontraba en prisión preventiva y donde también está recluido Pedro Castillo. Según la jueza, la pena se computará hasta el 22 de octubre de 2043. Con esta sentencia, Toledo se convierte en el primer expresidente sentenciado por el caso Odebrecht, al ser hallado responsable de otorgar la buena pro de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur a la empresa a cambio de 35 millones de dólares.
Un análisis detallado
En el adelanto de la sentencia, el Poder Judicial argumentó que, conforme a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Constitución, Alejandro Toledo, como funcionario de más alto nivel, personificaba a la Nación y tenía la responsabilidad de hacer cumplir las leyes.
En este contexto, se concluyó que en la reunión de Río de Janeiro se confirmó la aceptación de la licitación a favor de Odebrecht, así como la forma en que se canalizaría el dinero que la empresa entregaría. Esto evidencia una clara concertación entre un funcionario público, la primera autoridad del Estado, y agentes privados.
El Poder Judicial determinó que las conductas de Alberto Pasco-Font, Sergio Bravo Orellana y José Castillo también cumplen con los elementos que configuran el delito de colusión. Sin embargo, en el caso de José Castillo, se destacó su condición de colaborador eficaz, quien aceptó los hechos. En cuanto a Avrham Dan On, se concluyó que no se reúnen los elementos necesarios para considerar su participación en el delito de colusión.
Asimismo, Toledo fue hallado culpable del delito de lavado de activos. Por ello, la sala decidió acoger el pedido del Ministerio Público, imponiéndole 9 años de prisión e inhabilitación por 3 años para el ejercicio de funciones públicas, sumados a los 11 años y 6 meses por lavado de activos, así como 242 días-multa. En total, Alejandro Toledo fue sentenciado a 20 años y seis meses de prisión.
