La víctima es José Sánchez, burgomaestre del municipio Camilo Ponce Enríquez, ubicado en la sureña provincia andina de Azuay.
Otro alcalde fue asesinado a tiros este miércoles en Ecuador, en el marco del “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa, contra las bandas del crimen organizado, principales causantes, según las autoridades, de la ola de violencia que vive el país.
La víctima es José Sánchez, alcalde del municipio Camilo Ponce Enríquez, ubicado en la sureña provincia andina de Azuay, según confirmó a través de redes sociales el prefecto provincial, Juan Cristóbal Lloret Valdivieso.
“Expresamos nuestro profundo pesar a sus familiares, amigos y su digno y noble pueblo que lo eligió, al tiempo que exigimos a las autoridades dar con los responsables de este nuevo crimen que enluta Azuay y al Ecuador”, añadió.
La Alcaldía de Camilo Ponce Enríquez también emitió un comunicado en el que señaló que “en un hecho de violencia, de los que atraviesa el país en estos días, el alcalde fue baleado y producto de ello perdió la vida”.
De acuerdo a medios locales, en el ataque sufrido por Sánchez, a cargo de presuntos sicarios, también murieron dos personas más, aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente este punto.
Sánchez, conocido popularmente como ‘Jushico’, había denunciado ante la prensa y la Fiscalía un presunto atentado contra su domicilio ocurrido en la noche del 2 de octubre de 2023.
El municipio de Camilo Ponce Enríquez, situado cerca de la costa de Ecuador, enfrentaba problemas de minería ilegal en su jurisdicción en torno al río Guanache que el alcalde, dedicado también a la minería, había prometido formalizar.
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El asesinato de Sánchez se dio apenas tres semanas después de que apareciese asesinada a tiros Brigitte García, la alcaldesa más joven de Ecuador, que con 27 años estaba a cargo del cantón de San Vicente, en la costera provincia de Manabí.
Desde inicios de año Ecuador se encuentra en un “conflicto armado interno” declarado por el presidente Noboa contra veintidós bandas de crimen organizado a las que el Gobierno ha pasado a considerar como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
Estos grupos de delincuencia organizada están dedicados principalmente al narcotráfico, pero también han expandido sus actividades ilícitas hacia otros campos como la minería ilegal o la extorsión.
