El Equipo Especial del caso Lava Jato de la Fiscalía firmó en febrero de 2019 el acuerdo secreto de colaboración eficaz con representantes y exfuncionarios de la empresa Odebrecht, que a todas luces significó un perjuicio económico al Estado, impunidad y beneficios para los directivos de la constructora brasileña, con el aval cómplice de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.
El Tribunal Constitucional decidirá en las próximas horas si ordena publicar el acuerdo secreto de colaboración eficaz firmado en 2019 por los fiscales Rafael Vela y José Pérez con los ejecutivos de la corrupta Odebrecht. Esta decisión se da en el marco del recurso de habeas data presentado por el abogado Wilber Medina, en representación del comunicador Phillip Butters.
A través del dicho acuerdo, Odebrecht queda obligada a entregar a las autoridades peruanas información sobre actos de corrupción en el Perú durante los últimos tres gobiernos, y a pagar una reparación civil de 610 millones de soles en favor del Estado en un lapso de 15 años y renunciando a cobrarle a la constructora brasileña los 1,300 millones de dólares (4,900 millones de soles) de perjuicio económico según informe de la Contraloría General de la República.
En el acuerdo no se ponía ningún candado para que Odebrecht reclame o denuncie al Perú. Por ello en el 2020 la división de la constructora, Odebrecht Latinvest, presentó la demanda de arbitraje contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano, la empresa corrupta solicitó que se le abone 1,200 millones de dólares, 4 veces más de lo que se comprometió a pagar de reparación, todo un faenón de la fiscalía.
El acuerdo, además, permitía supuestamente a los fiscales peruanos utilizar las pruebas y la información entregada y a seguir recabando evidencias en las investigaciones para conocer la verdad sobre los actos de corrupción, así como procesar a los responsables. También que los funcionarios de Odebrecht se presenten como testigos en los juicios orales contra los procesados en el Perú. Ninguno de esto sucedió, los directivos no sólo no entregaron pruebas, sino que se negaron a declarar ante la justicia peruana.
La firma del acuerdo se realizó en el Consulado Peruano en Sao Paulo, Brasil, hasta donde se trasladó Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, además de otros cuatro exrepresentantes de la constructora en el Perú durante los años en que se habrían cometido estos actos ilícitos.
El Acuerdo
La negociación del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht concluyó el 8 de diciembre de 2018, tras dos años de tratativas con los fiscales del Equipo Especial y la Procuraduría Ad hoc para el Caso Odebrecht.
En el acuerdo, Odebrecht admite su responsabilidad en actos de corrupción en sólo cuatro proyectos negociados con el Estado peruano; se convierte en colaborador eficaz; y se compromete a entregar las pruebas y testimonios sobre dichos actos de corrupción.
También se comprometió a entregar la información de los servidores My Web Day y Drousys, usados por Odebrecht para encubrir el pago de coimas a través de la Caja 2; garantizar que sus exfuncionarios brinden su testimonio; y pagar una reparación civil. Sobre este punto la justicia brasileña concluyó que estos servidores habían sido manipulados y fueron declarados inválidos.
En marzo de 2024, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil declaró inválidas las pruebas obtenidas de los servidores Drousys y My Web Day B, sistemas donde Odebrecht registraba los supuestos sobornos.
A cambio de esta información, según el acuerdo secreto, la Fiscalía se comprometió a no usar la información que entreguen en su contra, a levantar la inhabilitación para participar en licitaciones con el Estado y a excluirla de la Ley 30737, aprobada por el Congreso, para permitir que recupere su operatividad comercial.
Esto permitió a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata a vender todos sus activos en el Perú, entre ellas la venta de la hidroeléctrica Chaglla a más de 1,400 millones de dólares.
El acuerdo de colaboración, además, sirvió para que Barata, en ese proceso, ponga a salvo sus bienes y a buen recaudo su dinero. En 2018, cuando negociaba con la Fiscalía, transfirió a sus hijas Daniela y Gabriela cuatro inmuebles; uno de ellos fue un departamento en San Isidro valorizado en más de 570,000 dólares
La empresa Odebrecht reconoció haber entregado sobornos a cambio de ganar licitaciones de obras públicas en cuatro proyectos desarrollados en el Perú, dos con el gobierno nacional y otras dos con gobiernos regionales. Carretera Interoceánica, tramos 2 y 3, Línea 1 del metro de Lima, tramo 2 y 3, Vía de Evitamiento en el Cusco y la Costa Verde del Callao.
