Carlos Flores
El 9 de diciembre del 2012, se produjo la dación del Decreto Legislativo 1133, para el ordenamiento definitivo del Régimen de Pensiones del Personal Militar y Policial a fin de regular las pensiones de los pensionistas del Decreto Ley 19846, el mismo que a partir de enero 2013 aprobó la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional.
La nueva estructura de ingresos consideró como pensión un monto equivalente a la remuneración consolidada que se otorga al personal militar y policial en actividad, denominada «pensión consolidada», sin embargo, la segunda disposición complementaria del citado Decreto Ley estableció que dicho beneficio no alcanzaba al personal pensionista que pasó al retiro antes del mes de diciembre del 2012 por lo que no se reestructuró sus pensiones. Situación que generó una injusta, arbitraria e ilegal discriminación con aquellos pensionistas que pasaron al retiro a partir de enero del 2013, teniendo en cuenta que a todo el personal militar y policial les corresponde los mismos derechos de acuerdo al grado que ostente, según lo dispone el Decreto Ley 19846.
Esta discriminación, significa que se cometió un acto de maltrato y abuso de poder por parte del gobierno de turno, al negar el derecho al incremento de la pensión a un grupo de pensionistas que legalmente si les alcanzaba dicho derecho, quedando evidenciado que no hubo sustento legal para negar el derecho a la pensión consolidada al personal pensionista que pasó al retiro antes del mes de diciembre del 2012, y por el contrario, se vulneró los artículos 5, 10, 39 y 41 del Decreto Ley 19846 que fue cerrado a partir de la vigencia del Decreto Legislativo 1133, pero se mantiene vigente para los actuales pensionistas, los mismos que otorgan los derechos siguientes:
Ante esta injusta discriminación, los pensionistas afectados realizaron durante 5 años una serie de luchas y reclamos para lograr que se les reconozca su legítimo derecho al pago de la pensión consolidada. Como resultado se hizo justicia al lograr la equivalencia justa de pensiones, cuando el Congreso de la República, con fecha 21 de noviembre de 2017, aprobó por insistencia la Ley 30683, que modificó el Decreto Legislativo 1133, para el ordenamiento definitivo del Régimen de Pensiones del Personal Militar y Policial, a fin de regular las Pensiones de los Pensionistas del Decreto Ley 19846, reconociendo su legítimo derecho a percibir dicha pensión consolidada a los pensionistas que pasaron al retiro antes de diciembre del 2012, señalando que el pago deberá ejecutarse a partir de enero del 2018, dado que el derecho alcanza a todos los pensionistas, sin considerar su fecha de pase al retiro.
Este justo reconocimiento a la pensión consolidada se cumplió a partir del 2018, de conformidad a la ley aprobada, sin embargo, la discriminación y desigualdad, con los pensionistas que pasaron al retiro y cobraron dicha pensión a partir de enero del 2013, continúa, porque la Ley 30683, no establece el pago de reintegro por los años anteriores, por tanto, los pensionistas afectados tienen el legítimo derecho a reclamar que se les pague dicho reintegro derecho que se propone hacer cumplir por ser de justicia mediante el presente proyecto de ley.
Por ello, gremios de retirados como Anappomil Grupo Coraje exigen al Parlamento reconocer la restitución de los montos ilegalmente no abonados.
