Una iniciativa busca aumentar penas, tipificar nuevos delitos y establecer agravantes para preservar bienes culturales y paleontológicos del país
Esta semana, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley, promovido por el Ministerio de Cultura, que propone modificar el Código Penal con el objetivo de endurecer las sanciones contra quienes atenten contra bienes históricos. La iniciativa será presentada próximamente al Congreso de la República. El Poder Ejecutivo ha dado un paso decisivo para garantizar la protección del patrimonio cultural y paleontológico del país
Entre las propuestas principales se encuentra penalizar con mayor rigor la destrucción y alteración de bienes inmuebles considerados Patrimonio Cultural de la Nación. El proyecto plantea la modificación de cinco artículos del Código Penal (226 al 230), así como del Capítulo Único del Título VIII del Libro Segundo. Estas modificaciones introducen penas más severas y nuevos elementos agravantes.
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Una de las novedades es que los delitos culposos, cometidos por negligencia o imprudencia, también serán castigados, reflejando un enfoque más integral para prevenir daños al patrimonio. El proyecto incorpora medidas específicas contra la receptación de bienes culturales, incluyendo aquellos de los períodos prehispánico, virreinal, republicano o contemporáneo.
En este sentido, se establece que destruir o comercializar bienes declarados patrimonio cultural por la UNESCO será castigado con penas de entre cinco y diez años de prisión.
Esta modificación también elimina requisitos previos, como la necesidad de que el bien afectado haya sido declarado formalmente patrimonio cultural, agilizando así la acción judicial en caso de delitos. Asimismo, el proyecto redefine delitos relacionados con bienes muebles, como la transferencia o comercio ilegal de objetos históricos extraídos de inmuebles prehispánicos sin la debida autorización.