El aumento de secuestros y extorsiones en Ecuador continúa a pesar del estado de excepción vigente desde el 8 de enero
Desde enero hasta el viernes pasado, se han registrado un total de 1.543 casos de extorsiones y secuestros. En Guayaquil, una de las ciudades más afectadas por la violencia, esta cifra se ha quintuplicado en comparación con el mismo período del año anterior, según informó el canal de televisión Ecuavisa el domingo pasado.
Las estadísticas oficiales indican que en Guayaquil, entre enero y el 8 de marzo del año pasado, se registraron 120 casos de secuestros y extorsiones. Sin embargo, en el mismo período de este año, esa cifra aumentó significativamente a 618 casos.
La provincia de Guayas, con su capital en Guayaquil, ha sido la más afectada por este tipo de delitos, con 650 casos reportados. Le sigue la provincia costera de Esmeraldas, en el noroeste, con 189 casos, y la provincia andina de Pichincha, con su capital en Quito, con 166 denuncias.
Según las autoridades, los delincuentes involucrados en secuestros o extorsiones exigen sumas que oscilan entre 2.000 y 200.000 dólares por cada víctima.
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El jefe policial de la Zona 8, Víctor Herrera, afirmó que muchos de los detenidos por estos delitos son reincidentes. Expresó su preocupación por el hecho de que varios de ellos hayan salido de prisión rápidamente y vuelvan a unirse a bandas criminales.
El viernes pasado, la Policía presentó a la prensa a 13 personas sospechosas detenidas en operativos contra secuestros y extorsiones. Sin embargo, se informó que varios de ellos tenían antecedentes por los mismos delitos.
También señaló la crueldad de los secuestradores, citando como ejemplo el caso de una víctima a quien los delincuentes le cercenaron dedos como prueba de vida y para intimidar a los familiares con el cumplimiento de los pagos exigidos.
El 8 de enero pasado, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien llevaba menos de dos meses en el cargo, declaró el estado de excepción por un período de sesenta días. Esto se debió a la situación de conmoción y conflicto armado interno provocada por una serie de atentados y acciones violentas perpetradas por bandas criminales a nivel nacional.
El jueves pasado, Noboa extendió el estado de excepción por 30 días adicionales con el fin de «garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica«.
Con las medidas excepcionales, el Gobierno de Noboa habilitó legalmente el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía para el control de la seguridad interna del país, tanto en las cárceles como en las calles.
Grupos delictivos organizados dentro de las cárceles habían desencadenado una serie de motines en luchas por el control de las prisiones, lo que resultó en una serie de masacres desde el año 2020. Estos incidentes dejaron un saldo de más de 450 presos asesinados.
La violencia carcelaria se extendió a las calles, llevando a Ecuador a convertirse en uno de los países más violentos de América Latina en 2023, con una tasa de 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes.
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