La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pidió al Oficial Mayor del Congreso de la República disuelto que remita los documentos, actas de votación y videos de la sesión plenaria del 30 de setiembre, donde fue elegido Gonzalo Ortiz de Zevallos como miembro del Tribunal Constitucional (TC).
El objetivo de la solicitud es proceder a la calificación de la denuncia que presentó María Elena Foronda Farro, integrante del Parlamento disuelto, quien afirmó que durante la mencionada sesión suplantaron su voto.
La fiscal de la Nación consigna en su escrito que su despacho “estima que tratándose de votaciones de Congresistas ocurrido en un recinto parlamentario (sic); sesión dirigida por el presidente del Congreso; los eventuales hechos con contenido penal que se podrían determinar podrían ser atribuidos a dichos altos funcionarios con prerrogativa de antejuicio; por lo tanto, sería de competencia de este despacho” llevar a cabo las investigaciones correspondientes.
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Salvador Heresi, miembro del Congreso disuelto y de la Comisión Permanente, presentó ante la Corte de Lima una demanda de amparo contra la disolución del Parlamento. Asimismo, una acción popular contra el decreto supremo No 165-2019-PCM, que oficializó dicha decisión.
A través de sus redes sociales, Heresi dio cuenta sobre los recursos que presentó este martes 15 de octubre a la sala especializada en lo constitucional de dicha Corte Superior de Justicia.
Estos recursos se suman a la demanda de amparo presentada el pasado 7 de octubre por la también integrante del Congreso disuelto, Marisol Espinoza. El fujimorista Ángel Neyra, miembro de la Comisión Permanente, hizo lo propio hace unos días.
La demanda de amparo y la acción popular son recursos de garantía constitucional. A diferencia del primero de ellos, que se presenta contra hechos concretos, la acción popular puede ser presentada en contra de resoluciones o decretos que hayan infringido la Constitución o la ley.
