Por: Martín Belaunde Moreyra
Tomo prestado el título de un libro de Luis Alberto Sánchez sobre la generación que lo precedió, para analizar el año pasado. Fue muy malo en todo orden de cosas. Nacional e internacionalmente. Política y económicamente. No llegó a ser un desastre total, pero si en las zonas afectadas por el Niño Costero. Además, desnudó la precariedad política del gobierno de PPK caído en el absoluto descrédito por sus propias acciones, presentes y pasadas, escondidas en la contabilidad de empresas bajo su ex socio Gerardo Sepúlveda.
El Perú enfrenta el desafío de la estabilidad del actual gobierno, porque las últimas revelaciones nos pueden colocar nuevamente en la senda de la incapacidad moral. Creo que la mayoría del pueblo peruano prefiere que PPK termine su mandato, no por amor a él, sino que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, que probablemente no sería tan bueno si lo analizamos correctamente.
El indulto a Fujimori es rechazado por un sector considerable de la población, pero según la última encuesta es apoyado por el 56% de la opinión pública versus un 40% en contra. Los comentaristas dicen que es un porcentaje aprobatorio en declive porque antes llegaba al 65%, pero también cabe indicar que las circunstancias de su otorgamiento mellaron su aprobación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que preside el ex embajador humalista en Madrid, Francisco Eguiguren Praeli, se ha pronunciado en contra, pero ¿cuál es su autoridad moral? Para variar también lo ha hecho el laureado Mario Vargas Llosa, así como un grupo de 270 escritores peruanos cuyos nombres aún no han sido publicados, pero que él encabezaría. Ha habido además tres defecciones en la minoritaria bancada parlamentaria de PPK, las renuncias del ministro de Cultura y del Interior, pero ésta última por una razón diferente vinculada a las pasadas actividades financieras de nuestro presidente.
¿Eso podrá anular el indulto a Fujimori? No, por las siguientes razones. La primera porque emana de una prerrogativa presidencial, que a pesar de haber sido ejecutada en forma ilegal, al existir una ley que lo impedía, difícilmente será revertida. Fujimori no es Crousillat. En todo caso sería una responsabilidad ulterior de PPK cuando deje la presidencia y también del ministro de Justicia. La segunda, que es improbable por no decir imposible, que el ex presidente Fujimori vuelva a prisión, así lo ordenara la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no habría autoridad peruana que ejecute semejante disposición.
En esa eventualidad, Fujimori se convertiría víctima de una venganza con el escudo filial de Kenji, lo cual ni siquiera es conveniente para los caviares. Tercero porque este gobierno, con sus vicios, debe gobernar y no abdicar en beneficio de un tribunal supranacional, sin facultades legales, ni menos poder real, para adoptar semejante medida.
El Perú se encuentra en la encrucijada de la reconciliación. Pero ¿de cuál hablamos, del renacer de un amor inexistente entre la oposición fujimorista y el Poder Ejecutivo? Difícil más no imposible, si cada quien asume su papel de conducir al país en esta turbulenta era. Eso requiere de un respetable gabinete de concertación nacional, que enfrente los principales desafíos del 2018 y PPK en el papel de reinar más no de gobernar.
