Plan se ejecutará con el presupuesto actual de las entidades públicas
El Poder Ejecutivo oficializó la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, una estrategia que busca coordinar las acciones del Estado frente al avance de la delincuencia en el país.
La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.º 001-2026-IN, publicado en el Diario Oficial El Peruano, y forma parte de las políticas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
Durante la presentación del documento, el presidente José María Balcázar afirmó que el plan busca fortalecer la respuesta del Estado sin afectar los principios democráticos. Según indicó, la estrategia podrá ajustarse con el tiempo para responder a los cambios en las modalidades delictivas.
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El mandatario también fue enfático en señalar que el Estado no negociará con organizaciones criminales. En su intervención remarcó que cualquier intento de diálogo con estas estructuras significaría debilitar el sistema democrático.
Balcázar explicó que el éxito del plan no dependerá únicamente de la acción policial o del Ministerio del Interior del Perú, sino de la participación coordinada de diversas instituciones. Entre ellas mencionó al Poder Judicial del Perú, al Ministerio Público del Perú y al Instituto Nacional Penitenciario.
Asimismo, el jefe de Estado planteó convocar a las facultades de Derecho de distintas universidades para elaborar propuestas legislativas que fortalezcan el marco legal contra la delincuencia organizada y eviten que criminales peligrosos eludan la justicia.
El decreto establece que las acciones previstas en el plan deberán cumplirse en los tres niveles de gobierno y por todas las entidades que integran el Sinasec. Además, encarga al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, diseñar en un plazo máximo de diez días hábiles los mecanismos de seguimiento y evaluación de la estrategia.
En el aspecto financiero, la norma precisa que la implementación del plan no implicará recursos adicionales del tesoro público. Las instituciones involucradas deberán ejecutar las medidas con cargo a sus presupuestos institucionales, de acuerdo con lo establecido en la ley anual de presupuesto.
