Se enfocaron especialmente en señalar las presuntas infracciones constitucionales y violaciones a la Ley Orgánica de la JNJ por parte de sus actuales miembros
Mediante un comunicado dirigido al presidente del Congreso de la República, la fracción parlamentaria de Renovación Popular expresó su preocupación por el supuesto perjuicio infligido a la seguridad jurídica del país por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En este contexto, la bancada consideró imperativo que el Parlamento intervenga de manera inmediata para abordar la situación.
En concreto, la bancada solicitó la convocatoria a un pleno extraordinario, alegando la necesidad de debatir y votar una moción destinada a destituir a los magistrados de la JNJ. El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, instó al presidente del Congreso, Alejandro Soto, a convocar una Junta de Portavoces con el propósito de lograr el consenso necesario entre las diversas fuerzas políticas, cumpliendo así con los requisitos estipulados por el Reglamento del Congreso para la realización del mencionado pleno extraordinario.
En el comunicado dirigido al titular del Legislativo, la bancada Renovación Popular argumentó que esta solicitud se realiza en defensa del fuero parlamentario y en respuesta a la preocupante crisis institucional que afecta al sistema de justicia del país. Se enfocaron especialmente en señalar las presuntas infracciones constitucionales y violaciones a la Ley Orgánica de la JNJ por parte de sus actuales miembros.
Adicionalmente, la bancada rechazó lo que consideraron una intervención inapropiada por parte de la presidenta, Dina Boluarte, quien expresó que la posible destitución de los integrantes de la JNJ podría ser percibida como una debilidad e inestabilidad, instando al Congreso a respetar la institución. Renovación Popular calificó esta intervención como impertinente y sugirió que podría revelar vínculos políticos e intereses particulares detrás de la JNJ.
En conclusión, la bancada de Renovación Popular acusó a la JNJ de causar daño a la seguridad jurídica del país y argumentó que la intervención urgente del Congreso es necesaria para tomar medidas correctivas conforme al marco constitucional y legal.
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