La suspendida fiscal suprema y exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, se presentó en la audiencia de tutela de derechos ante el juez Juan Carlos Checkley, en la que solicitó que se anule la investigación que se le sigue por organización criminal y otros delitos en la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
“No me corro del sistema de justicia, no temo a una investigación, no temo a una decisión judicial. Solo exijo el respeto al debido proceso, a una investigación seria y respetuosa del derecho de defensa, sin sesgos políticos, ideológicos ni mediáticos (…) Nunca he vulnerado el debido proceso de un investigado”, dijo.
Benavides dijo que hay “revanchismo político e ideológico”, pues aseguró que las investigaciones actuales son irregulares y no respetan la ley ni la constitución.
La defensa de Benavides Vargas señala que la investigación no se ha llevado acorde al diseño constitucional, pues, según su alegato, al inhibirse el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el caso debió ser abordado «por el fiscal supremo más antiguo»; es decir, Pablo Sánchez.
Asimismo, solicita que se anulen las diligencias y evidencias en su contra recabadas por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), pues este no tendría competencias al respecto.
Acto seguido, cuestionó la actuación del EFICCOP y señaló que no se habría respetado «la cadena de custodia».
«Segundo, en la línea de afectaciones de las normas constitucionales, el origen de la investigación en mi contra reside en un agente especial que de la lectura de los documentos sería un o una congresista (…) Señor juez, un agente especial es parte de una actividad criminal, entonces, peor aún, qué competencias tenía una fiscalía provincial para iniciar un procedimiento especial que finalmente me involucraba como líder de una presunta organización criminal», aseveró.
