La inseguridad se intensifica en Perú, afectando a comerciantes de todos los sectores, quienes enfrentan el incremento de extorsiones.
La inseguridad ciudadana en el Perú sigue en ascenso y, según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), tres de cada diez ciudadanos teme ser víctima de extorsión. Este delito, que ya se ha extendido a nivel nacional, golpea con mayor fuerza a diversos sectores económicos, especialmente a los bodegueros, quienes viven en constante peligro debido a las exigencias de pagos periódicos por parte de grupos criminales.
Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, señaló que el panorama actual es sombrío para los pequeños comerciantes. «Antes, el pago de cupos era un evento aislado. Ahora, los extorsionadores exigen montos de dinero de manera constante, ya sea semanal, quincenal o mensual, afectando a prácticamente todos los distritos de la periferia de Lima», comentó Choy. Este cambio en las prácticas criminales ha intensificado la presión sobre los bodegueros, quienes ven con desesperanza el aumento de la criminalidad en sus barrios.
Pese a la implementación del estado de emergencia en 14 distritos de Lima y el Callao, Choy considera que esta medida no será suficiente para frenar el avance de la extorsión. «Es una medida populista que no responde a las verdaderas necesidades de los comerciantes. No hay una estrategia clara que permita proteger adecuadamente a las bodegas y otros negocios como farmacias, restaurantes o ferreterías», sostuvo. La Asociación de Bodegueros ha reportado cerca de 9,800 casos de extorsión hasta julio de este año, una cifra alarmante que refleja la gravedad del problema.
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El fenómeno no solo afecta a los comerciantes formales. La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú destacó que los extorsionadores también tienen en la mira a los vendedores informales. «Cualquier ambulante que se instala en Gamarra está obligado a pagar. Esto se convierte en un apoyo indirecto para las organizaciones criminales, que utilizan esos fondos para armarse y reclutar más gente», denunció.
Con una percepción de inseguridad que alcanza al 85.9% de la población urbana, la extorsión se ha convertido en un temor latente para miles de empresarios peruanos. Ante este panorama, muchos exigen al Congreso medidas más contundentes para combatir la criminalidad y frenar el crecimiento de las mafias que aterrorizan al país.
