La secretaría de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de Brasil suspendió su colaboración con el Ministerio Público del Perú en el marco del caso Lava Jato. La medida responde a la queja de exdirectivos de la constructora brasileña OAS, hoy Grupo Metha, quienes señalan que Perú incumplió los beneficios procesales concedidos a cambio de su colaboración judicial.

La decisión tomada por la fiscal brasileña Anamara Osório Silva constituye otro revés para las investigaciones en Perú. Esta suspensión se focaliza en el proyecto vial Línea Amarilla, obra adjudicada a OAS en Lima, que se presume fue financiada con pagos ilícitos a funcionarios municipales de la capital peruana, entre ellos la exalcaldesa Susana Villarán.

Los exdirectivos de OAS solicitaron amparo a la Procuraduría de Brasil tras ser denunciados en Perú por los mismos hechos que confesaron ante la justicia brasileña. Ellos sostienen que el Ministerio Público peruano vulneró el «principio de especialidad» y la limitación de uso de pruebas, que eran pilares en el acuerdo de colaboración.

Además, uno de ellos señaló que fue procesado por presunto lavado de activos en Lima, pese a la inmunidad negociada en Brasil. A su juicio, esto genera una inseguridad jurídica y pone en riesgo los futuros convenios de cooperación. La Procuraduría coincidió con la postura de los exdirectivos.

La entidad subrayó que los colaboradores ya obtuvieron beneficios legales y limitación de responsabilidad penal dentro de la jurisdicción brasileña, beneficios que Perú debe respetar mientras utilice la evidencia obtenida gracias a las delaciones premiadas.

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, comentó que la suspensión no será motivo para iniciar el juicio contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por los presuntos aportes ilícitos de Odebrecht y OAS involucrados en el proyecto ‘Línea Amarilla’.