Un documento enviado por la justicia brasileña a la fiscalía peruana reveló que se decidió suspender la cooperación jurídica internacional con Perú en casos Lava Jato debido a incumplimientos en el uso de pruebas que se entregaron al ministerio Público, según el programa ‘Milagros Leiva, Entrevista’.

El oficio lleva la fecha del 16 de mayo del 2025 y es dirigido a Elmer Atilio Chirre Castillo, fiscal Adjunto Supremo Provisional Transitorio, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público.

Le informaron al fiscal Chirre Castillo que se decidió a nivel superior “suspender temporalmente” la cooperación jurídica internacional debido “al posible incumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades peruanas, relacionados con las solicitudes”.

El punto 3 del documento agrega: “Por lo tanto, reiteramos nuestro pedido para que brinden aclaraciones sobre supuestos no cumplimientos del uso de las pruebas compartidas por Brasil en el marco de sus pedidos de cooperación judicial internacional, así como para que reafirmen su compromiso y respetar las condiciones establecidas en los instrumentos suscritos ENTRE EL Ministerio Público peruano y el Ministerio Público Federal brasileño y confirmen la validez de la decisión dictada en la demanda 43007 en los casos que exista cooperación con Brasil”.

Asimismo, en el documento le da plazo de 90 días para que responde antes que sea mandado al archivo.

Cabe señalar que la Secretaria Nacional de Justicia de Brasil suspendió la cooperación jurídica internacional con Perú en casos Lava Jato.

La decisión se tomó a solicitud de Novonor (antes Odebrecht). Según sustentó la justicia brasileña, la Fiscalía peruana utilizó pruebas declaradas inválidas por su país, de acuerdo al medio O Globo.

Argumentaron que las autoridades de territorio nacional no respetaron los acuerdos, pese a que fueron firmados por Procuraduría General de la República (PGR) y el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Legal Internacional (DRCI) del Ministerio de Justicia.

Tras la decisión de la justicia brasileña, en territorio peruano se presentarán obstáculos para el acceso a nuevas pruebas recogidas en el vecino país.

De ese modo, procesos emblemáticos estarían en riesgo como caso Cócteles que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, así como Gasoducto Sur Peruano o IIRSA Norte, en los cuales están implicados Ollanta Humala y Alejandro Toledo, respectivamente.