La cooperación judicial internacional entre Perú y Brasil, un mecanismo clave para los casos de corrupción de Odebrecht que la Fiscalía indaga, ha sido suspendida, según un documento de la fiscal Anamara Osório Silva.
En el documento se indica la suspensión de procedimientos judiciales en curso en Perú por presuntas infracciones de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, los cuales podrían afectar a casos en los que es requerida la presencia de exdirectivos de la empresa constructora como Jorge Barata, entre otros. Caso Lava Jato; así como parte del caso Cócteles, y otros más, quedan directamente afectados.
Los fiscales del equipo especial Lava Jato han sentido ya las repercusiones de esta suspensión, pues Mameri, quien estaba citado para declarar el 10 de julio en el caso Alpha Consult, no se presentó ante las autoridades peruanas. La jueza Lorena Sandoval informó que la convocatoria de Mameri había sido tramitada vía cooperación judicial, pero no obtuvieron respuesta del testigo ni de las autoridades brasileñas, es decir los exdirectivos de Odebrecht siguen el mismo camino de Jorge Barata.
Como se sabe, era la cooperación judicial internacional, la que permitía que las autoridades judiciales de Brasil y Perú tengan la capacidad intercambiar información y documentos durante un proceso penal. Bajo este marco se coordinó originalmente la toma de declaraciones a Jorge Barata y otros ejecutivos de Odebrecht, quienes confesaron haber pagado sobornos a funcionarios peruanos. No obstante, poco se sabía sobre la decisión de la Fiscalía brasileña de suspender este sistema de colaboración a petición de Odebrecht.
En el documento firmado por la fiscal Anamara Osório Silva, se explica que Odebrecht alegó que las autoridades peruanas han utilizado información proporcionada por la empresa en su contra y con la que la procuraduría había intentado buscar reparaciones civiles en las que también incluía a la constructora. Según Osório, esta acción habría vulnerado el acuerdo de colaboración eficaz firmado con Odebrecht, que impide procesar a la empresa con los datos suministrados al Ministerio Público.
La suspensión de la cooperación judicial internacional no es solo un problema logístico, sino que también complica la intervención de implicados que ya han declarado ante la Fiscalía en etapa de investigación, generando su ausencia en el juicio. Así, exdirectivos como Jorge Barata y Luiz Antonio Mameri son testigos clave para desenmarañar la red de sobornos de Odebrecht en Perú. Sin su cooperación, el peso probatorio del Ministerio Público en los juicios podría quedar gravemente afectado.
No se descarta la existencia de posibles intervenciones de la misma Odebrecht para obstaculizar los testimonios de sus exejecutivos. Por ello, si se confirma que la compañía ha prohibido a Mameri declarar, se configuraría un serio retroceso judicial con graves consecuencias para el caso Lava Jato y para la credibilidad de todo el proceso judicial relacionado con la corrupción empresarial.
De otro lado, ante la negativa de exdirectivos de Odebrecht, incluyendo a Jorge Barata, de declarar en el juicio al expresidente Ollanta Humala, la Fiscalía ha planteado utilizar las declaraciones previas otorgadas por estos en la etapa de investigación preparatoria en formato de audio y video para sustentar su acusación ante el Poder Judicial.
El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, ha propuesto que se utilicen las declaraciones previas de los exdirectivos de Odebrecht, las cuales están grabadas en video y han sido transcritas. Estas declaraciones son fundamentales para la Fiscalía, ya que proveen información clave sobre los presuntos aportes ilícitos de la empresa brasileña a la campaña de Humala. Sin embargo, estas carecerían de valor si se ha suspendido el acuerdo de colaboración eficaz con Barata.
La negativa a declarar de los exdirectivos se debe a una prohibición dictada por el juez de la Corte Suprema de Brasil, José Antonio Dias Toffoli. Este fallo se basa en que los archivos de los servidores MyWebDay y Drousys, entregados directamente por Odebrecht, no pasaron por un canal de cooperación judicial formal con Suiza, lo que afectó la cadena de custodia de las pruebas.
