Abril del año pasado. El abril negro para los combustibles. El abril en que el precio del petróleo llegó a su mínima expresión y llegó a cotizar negativo por primera vez en la historia. Cuando los barriles de crudo se tenían que almacenar en enormes buques flotantes y, por exceso de stock y poca demanda, su precio se redujo dramáticamente.
Pues bien ¿Vimos una bajada de precios acorde a este desplome? La respuesta es no. ¿Por qué en el país no se repercutió esta caída de precios? ¿Por qué el consumidor terminó pagando un monto que no correspondía? ¿Quiénes fueron los grandes ganadores de este shock y a quiénes afectó?
Cuando este fenómeno se daba, se dijo que solo era “cuestión de tiempo” la baja de precios, sin embargo, esto nunca se hizo. Era común ver columnas de “expertos en hidrocarburos” justificando el mantenimiento de aquello que llaman “precio del mercado”. ¿Es realmente así?
Durante el último año, la declaratoria del estado de emergencia a consecuencia de la COVID-19, ha determinado una inevitable parálisis de gran parte de la actividad económica y una drástica reducción en la demanda de combustibles, tanto del sector industrial como particular. Si antes el objetivo era tener suficiente combustible almacenado para responder ante un potencial fallo en el suministro, ahora el problema era que había tanta oferta que no se sabía qué hacer con ella. ¿Acaso no hubiera sido un gran incentivo adecuar los precios a los valores reales en el mundo? ¿Por qué en Estados Unidos pagan en promedio 3.1 dólares por galón y aquí pagamos un 3.8?
«El precio bajo será favorable, pero no durará mucho tiempo» «Los peruanos no sentirían la reducción del precio de los combustibles de manera inmediata» «Aún estamos vendiendo los galones que adquirimos a precios altos en meses anteriores», fueron algunos de los argumentos expuestos para postergar la baja de precios.
Si bien es cierto que hay impuestos y que el precio de los carburantes no se rige únicamente por lo que se paga por los barriles (donde Rusia y EEUU juegan un papel crucial) estos argumentos no terminan por justificar el verdadero problema: la ambición de algunos grupos.
¿QUIÉNES GANARON?
Ganaron todos. Por un lado, las refinerías, quienes ponían pretextos para reducir el precio, indicando que el petróleo barato era el petróleo del futuro o que simplemente todavía tenían stock. Pero no fueron los únicos. Los grifos también se vieron ampliamente beneficiados por esta brecha, a pesar de que el costo había disminuido en un promedio de 66%.
Estos últimos apuntaron a que la disminución del precio “no iba a ser estrepitosa”. De ese modo, la gasolina de 90 seguía por encima de los 10 soles en el mes de abril del 2020, aunque el precio del petróleo continuaba por niveles negativos.
Son alrededor de 4600 estaciones de servicio que operan en el Perú. El 60% de ellas son empresas familiares. ¿Priorizaron sus intereses ante los millones de peruanos que estaban en situación de vulnerabilidad en medio de una pandemia?
Solo en junio del 2020, precios de combustibles hasta en un 4,5% en promedio. Esto es entre 0.30 y 0.40 céntimos por galón. Una migaja. De otro lado, la estatal subió de modo injusto el gas licuado de petróleo envasado en S/ 0,59 por kilo. Sus nuevas listas de precios no fueron más que una burla.
Lo curioso del asunto es que se culparon unos a los otros. Los grifos dijeron que las refinerías solo bajaron en un 2%, mientras que las refinerías sostenían que sí disminuyeron sus costos pero que los grifos prefirieron dar estabilidad a sus trabajadores con ese ingreso adicional. Así, si todos tuvieron la culpa, nadie la tuvo al final y entonces evadieron juntos las responsabilidades.
- Justo Carbajal Aguirre, experto en logística.
INSTITUCIONES DESENTENDIDAS
Aunque surgieron voces que pedían un fin al abuso, estas no fueron escuchadas. Las entidades no cumplieron con su deber de proteger los intereses económicos de los consumidores.
¿Qué hizo Petroperú? Lo de siempre: “no tenemos injerencia”. Esta institución siempre quiere evadir responsabilidad alegando que tiene una calidad de “mayorista” solamente. ¿O no habrá sido que desde el Estado estuvieron haciendo caja chica para financiar la modernización de la Refinería Talara?
Luego tenemos a un Osinergmin servil a intereses ajenos a la ciudadanía. Ellos son quienes –desde mi opinión– tienen la mayor responsabilidad. Resulta que esta entidad alega que solo “comunica” precios de carácter “referencial” (en un portal llamado facilito.gob). ¿Por qué, entonces, hemos de tener organismos reguladores? ¿Por qué los peruanos debemos mantener una planilla con miles de trabajadores que solo se limitan a un trabajo informativo y no regulador, tratándose de un insumo tan esencial para el consumo diario y para el mercado en sí?
Los de Osinergmin repiten como rosario el Decreto Supremo N° 042-2005-EM, que establece que el Estado peruano promueve el desarrollo de las actividades de hidrocarburos sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica. En pocas palabras, indican que por el principio de libertad de precios no regulan. El mundo al revés.
Finalmente, el Ministerio de Energía y Minas tampoco hace bien su trabajo. Solo reitera su llamado a los consumidores para que acudan a comprar a los grifos que han hecho la rebaja correspondiente y así contribuyan a que estas empresas cumplan esta disposición. ¿Cómo es posible tanto desentendimiento?
El Congreso también tiene una responsabilidad elemental aquí. Urge regular al respecto. El anterior Parlamento, en el año 2019, pidió información al Osinergmin sobre los 155 millones de soles de pago excesivo por parte de Repsol y Petroperú. ¿En qué quedó? En nada. ¿Qué solicitudes se trabajan desde el actual Legislativo?
Es cierto que el Perú tiene una economía social de mercado donde se pondera la competencia y la libre iniciativa privada. Sin embargo, en la Constitución también está escrito que esta se da “a efectos de contribuir con la promoción del bienestar general’.
¿De cuánto fue el exceso de pago en combustibles durante el 2020? Fueron S/ 400 millones de soles pagados de más, según el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios. En gasolina de 90 y 95 octanos ascienden a S/ 293 millones y S/ 72 millones respectivamente. Estos montos deberían ser reintegrados en armonía con los derechos establecidos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿A qué se dedica el Indecopi o, en todo caso, las Asociaciones de Defensa del Consumidor?
Si bien la crisis exige un periodo de recuperación y desde los sectores gubernamentales se piensa en cómo se va a recuperar la industria de hidrocarburos tras la caída de la demanda, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo se van a recuperar aquellos consumidores finales? ¿cómo se van a recuperar aquellas empresas de transporte o logísticas que dependían del combustible para sus operaciones y que nunca recibieron el espontáneo beneficio del precio internacional? Es injustificable el comercio a precios prohibitivos y abusivos. Las familias peruanas no quieren bonos ni regalos, sino relaciones de consumo justas y equitativas, que nos permita ser competitivos en el mercado nacional e internacional, gracias a estos factores, la logística en el Perú es una de las más cara de la región.
