12 de agosto de 2026

|

Lima: Cargando...

Cambios a Ley 24686 garantizan devolución de FOVIPOL a policías

Modificaciones favorecen pago total a uniformados

La obligatoriedad de aportar a un fondo de vivienda que muchas veces no entrega casas está por llegar a su fin. El Proyecto de Ley 13141-2025-CR propone cambios drásticos a la Ley 24686 (Ley de creación de los Fondos de Vivienda Militar y Policial), con el fin de garantizar que cada sol aportado regrese al bolsillo del efectivo si este así lo decide.

Los puntos clave de esta reforma que protegerá tu patrimonio son: 

  1. El cambio en el Artículo 3: De «Obligatorio» a «Voluntario»

El corazón de la reforma es la libre desafiliación. Actualmente, la ley obliga a todo el personal de las FF.AA. y PNP a aportar mensualmente. La modificación propuesta permitiría que:

El personal en actividad pueda decidir dejar de aportar en cualquier momento.

El personal en retiro que nunca recibió un beneficio (casa o préstamo) pueda solicitar su salida inmediata del sistema.

Lee también:

Paro de transportistas paraliza parte de Arequipa por disputa sobre tarifa del pasaje

  1. Modificación al Artículo 22: Devolución con Intereses Reales

Uno de los reclamos más justos de los gremios es que las devoluciones actuales suelen ser solo del capital nominal, perdiendo valor por la inflación. El cambio propuesto establece:

Devolución Total: El 100% de las aportaciones acumuladas.

Intereses Generados: Se deberá calcular el rendimiento que ese dinero generó mientras estuvo en manos del fondo.

Plazo Perentorio: Se busca establecer un tiempo máximo para que la institución realice el depósito tras la solicitud, evitando el «paseo» administrativo.

  1. Blindaje contra la «Mala Gestión»

El proyecto de ley utiliza los hallazgos de la Contraloría General de la República como sustento para proteger los ahorros. La nueva normativa busca evitar que tu dinero se use en:

Inversiones de riesgo: Se prohibirían inversiones en la Bolsa de Valores sin respaldo técnico.

Compras sobrevaloradas: Mayores controles para evitar casos como la compra de terrenos a precios inflados (como el reciente caso en Piura por S/ 21 millones).

Gastos administrativos excesivos: Limitar cuánto del aporte se gasta en burocracia y cuánto va realmente a vivienda.

Scroll al inicio