Joseph Campos, aseguró que como abogado de la mandataria Dina Boluarte, no participó en la demanda competencial, y será el órgano supremo, el encargado de determinar hasta donde puede ser investigado un Jefe de Estado.
El abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, indicó que la demanda competencial presentada ante el Tribunal Constitucional (TC), no es a nombre de la mandataria, sino del Ejecutivo. En ese contexto, mencionó que es “quien fuere el inquilino del cargo”.
Asimismo, precisó que la mencionada acción “no sale de la defensa” de la jefa de Estado y que es el mismo Estado, mediante su Procuraduría, quien refiere al Ministerio Público a que su investigación “afecta a la competencia del presidente de la República”, por lo que requiere la intervención del tribunal constitucional, para que determine “cuál es la interpretación”, esto con el propósito de que el mencionado órgano supremo defina cómo y hasta donde puede ser investigado un mandatario.
“Se va a poner el conflicto completo. ¿Y cuál es? Cómo debe investigarse a un presidente de la República en funciones si la Constitución le privilegia, en la mejor interpretación, en la única interpretación, que debe gobernar y preocuparse en gobernar”, mencionó Campos mediante una entrevista con una prensa local.
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Ante ello, señaló que ninguna de las acciones realizadas está orientadas a evitar las investigaciones que afronta Dina Boluarte, sino que debe hacerse de manera “diferente”. “Hay que hacer una investigación diferente porque la Constitución lo hace diferente al presidente. Primero personifica a la nación y segundo está que no lo tiene ningún otro aforado”.
Por otro lado, sostuvo que lo que busca la Constitución es que el presidente no sufra deterioro como consecuencia de las imputaciones, dado que “cada persecución penal provoca un oprobio público”. “El presidente gobierna a partir de un acto electoral político, de tal manera, que él, como bien se ha señalado en esta demanda competencial, tiene una competencia no jurídica con la que gobierna que es el prestigio y la legitimación democrática que se ve horadada cada vez que la denuncian y la llaman genocida, asesina, corrupta o ladrón”, concretó.
