Resta validez jurídica a opinión de grupo de la ONU sobre prsión de golpista

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú aclaró que el reciente informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU), el cual califica de “arbitraria” la prisión del expresidente Pedro Castillo y pide su liberación inmediata, no tiene la naturaleza jurídica de una sentencia internacional ni es de cumplimiento obligatorio para el Estado.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería respondió de forma directa al reporte emitido por el mecanismo de la ONU, precisando que las autoridades judiciales internas mantienen la total soberanía y competencia sobre la situación legal del exmandatario, quien cumple una condena firme en el penal de Barbadillo por su intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.

De acuerdo con el pronunciamiento del Palacio de Torre Tagle, el grupo de la ONU es un “mecanismo de supervisión no jurisdiccional” integrado por profesionales independientes. Por este motivo, la Cancillería enfatizó que sus opiniones tienen como fin principal fomentar el diálogo y la cooperación internacional en materia de derechos humanos, restándoles cualquier carácter vinculante para los tribunales peruanos.

“No constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias y no producen, por sí mismas, efectos directos en el ordenamiento jurídico interno y, por tanto, no modifican las decisiones que adopten las autoridades nacionales competentes”, remarcó la institución diplomática en su comunicado.

El pronunciamiento del Gobierno peruano surge en respuesta a las conclusiones del panel del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dichos expertos determinaron que la detención de Pedro Castillo careció de base legal, argumentando que se vulneraron el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En el documento, el grupo internacional instó al Estado peruano a adoptar medidas inmediatas para remediar la situación del exmandatario. Textualmente, el reporte señaló que “el remedio adecuado sería poner al Sr. Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización”, una postura que ha encendido el debate político y jurídico en el país.

A pesar del pedido del organismo internacional, la situación legal de Pedro Castillo en el ámbito local se encuentra firmemente definida por los tribunales del país. En noviembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Poder Judicial condenó formalmente a Castillo Terrones a 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de la libertad por el delito de rebelión en agravio del Estado.

 

BALCÁZAR PRESO

Ante este escenario, el jurista Erasmo Reyna señaló que si José Balcázar decide indultar a Castillo podría terminar preso.

“Estamos ante un pretendido indulto que aparentemente estaría produciéndose, pero que finalmente terminaría llevándolo a prisión, porque estaría sustrayendo a Pedro Castillo de la acción de la justicia, lo cual constituye el delito de encubrimiento personal previsto en el artículo 404 del Código Penal. Además, por tratarse de un acto arbitrario en perjuicio del Estado, estaríamos frente a un delito de abuso de autoridad, penado con cuatro años, y el encubrimiento personal, con seis. De tal manera que la celda que podría dejar Pedro Castillo podría terminar siendo ocupada, precisamente, por el presidente Balcázar. Entonces, yo creo que eso tiene que ser advertido por el ministro de Justicia, el doctor Jiménez Borra, para que se evite no solamente una afectación de orden constitucional, sino inclusive un acto delictivo por parte del presidente Balcázar”, dijo.