Raúl Canelo detalla que una de estas fórmulas es el cambio por el pago de impuestos, deudas tributarias o una vivienda.
El abogado de los fonavistas, Raúl Canelo, afirmó que hay muchas salidas para que el Estado cumpla con devolver el aporte realizado al Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). “Se pude hacer con el cambio por deudas tributarias, así como también con predios para viviendas”, dijo el letrado.
“Nadie está diciendo que devuelvan todo en efectivo. Lo que se está diciendo es primero dame mi certificado de reconocimiento”, asegura.
El letrado explicó que la ley de devoluciones se ha satanizado, pero –dijo- no es así, porque se han empleado mentiras para desacreditarla. Además, añadió, que nadie ‘está diciendo que devuelvan todo en efectivo. Lo que se está diciendo es primero dame mi certificado de reconocimiento. Segundo que el efectivo se dé a los más requieran, a los ancianos de 80 años que son los que más lo necesitan, y el resto cambiémoslos por impuestos, deudas tributarias o sino por un terreno, pues el Estado tiene una serie de predios a su nombre y pueden representar un pago a cuenta de esa deuda”, agregó.
Indicó que los mecanismos están dados y se dieron cuando se aprobó en referéndum. “El expresidente Alan García la promulgó, luego el proceso lo inició el expresidente Ollanta Humala con un monto mínimo. Luego ha venido una controversia tras otra y la denuncia de inconstitucionalidad ante el TC”, acotó.
Refirió que los últimos gobiernos no han hecho nada por cumplir la ley, y mucho menos la gestión de Castillo, que ha sido un ‘gobierno fugaz, perromuertero’. “Tienen que devolver el dinero. Es propiedad privada y nadie se va a creer el cuento de que, porque me pagan a mí, los recursos del Estado se agotan. Si no se respeta la propiedad privada no hay estado de derecho”, agregó.
Canelo reconoció que el Estado no tiene la liquidez necesaria para hacer efectivo el pago total, pero dijo que si aplicara los mecanismos que se estipulan la ley no habría inconvenientes. “Esto es una situación de derecho, moralidad. Es inmoral que el Estado no quiera pagar, más aún cuando varios de los aportantes ya han fallecido.
