Por: Carlos Linares Huaringa
Twitter: @carloslinaresh
Las denominadas ‘cárceles del pueblo’ eran huecos cavados en los sótanos de viviendas particulares en los que el MRTA encerraba durante meses a empresarios y autoridades luego de secuestrarlos, mientras que de la manera más vil negociaba el pago de un rescate.
El trato inhumano que recibían las víctimas de la insania subversiva incluía tortura psicológica y física.
Según la Dircote, el MRTA secuestró a 46 personas entre 1984 y 1997, lamentablemente no todos vivieron para dar testimonio de la crueldad de los emerretistas.
Muchos de los personajes plagiados fueron asesinados tras no llegarse a un acuerdo con los familiares respecto al monto del rescate. Este fue el caso del empresario David Ballón Vera, secuestrado el 11 de setiembre de 1992 y hallado muerto el 23 de febrero de 1993 en una calle de San Miguel con dos balazos en la cabeza y cuarenta kilos menos. Su cuerpo mostraba claros signos de tortura.
Otros empresarios plagiados fueron José Antonio Onrubia, Pedro Miyasato Miyasato, Fernando Manrique Acevedo y Héctor Delgado Parker. En el caso de este último trascendió que la cifra pagada por su liberación superó los 400 mil soles de la época.
Con ese dinero, manchado de dolor y sangre, los terroristas financiaban su demencial accionar, que incluía atentados con coches bomba, asesinatos selectivos y dinamitazos.
La encargada de administrar estos centros de tortura –precisa la Dircote- era la terrorista Nancy Madrid Bonilla, integrante de la cúpula del MRTA.
Con parte del dinero de los secuestros ella alquilaba las viviendas para que posteriormente en los sótanos se implementaran estas diminutas mazmorras y así lo reconoció durante el juicio en su contra, por lo que fue condenada a 18 años de prisión.
Que este oscuro personaje haya cumplido su condena no quiere decir que tengamos que olvidar los crímenes que cometió cuando formaba parte de la sanguinaria maquinaria emerretista.
Y esa es la razón por la que no solo indigna saber que la congresista del Frente Amplio María Elena Foronda la contrató como asistente y personal de confianza en su despacho, pese a saber de quién se trataba, sino que ahora solo admita un simple “error político” en su decisión y busque dar vuelta a la página.
Que arguya un “tema de humanidad” en haber permitido que un integrante de la miserable cúpula del MRTA recibiera S/134,000 de los impuestos de todos los peruanos desde julio del 2016 resulta ofensivo.
Pero este hecho no es aislado. Foronda ha mostrado anteriormente condescendencia con el terrorismo. Ella tiene una línea clara en ese sentido y nosotros debemos repudiarla. El mensaje debe ser de firmeza absoluta: ella no solo debería ser suspendida sino desaforada
