El abogado Carlos Caro Coria aseguró que no le sorprende la decisión del Poder Judicial de dejar sin efecto el juicio oral contra Keiko Fujimori en el caso ‘Cócteles’ y lo consideró “una gran derrota para el Ministerio Público”.
“No me ha sorprendido en lo más mínimo. Pienso que esto pudo pasar ya con la sentencia del doctor Oré. Es decir, se anularon todos los cargos en su contra por obstrucción a la justicia y todos se subieron al carro y se retrotrajo ese delito a la etapa preliminar”, indicó.
Refirió que “en este nuevo caso estamos hablando e algo más grave, porque en el caso de Chlimper la acusación es de organización criminal y lavado de activos, el fiscal iba a la yugular, y el señor Pérez lo que quería era salvar la parte de falsedad y delitos menores para que esto continúe, pero el juicio es uno solo y él mismo al decir que hay una organización criminal es que todos para uno y uno para todos, por lo que si se cae para uno, se cae para todos”.
Explicó que “la sala lo que ha hecho es anular el juicio oral y pasarlo a la etapa intermedia, donde el juez -que considera debería ser otro ya que el actual ha adelantado opinión- va a tener que volver a hacer el trabajo.
“El juez que vea el caso va a tener que recibir la acusación de Domingo Pérez, que puede ser la misma o la puede cambiar motu propio o ya en el ámbito del control, porque puede ser que el juez le diga que la acusación no reúne los requisitos y se la devuelvo una sola vez, no 22 o 23 veces como ha ocurrido en el pasado, y con las correcciones que haga, esa es la definitiva, y el juez puede tomar decisiones de fondo”, anotó.
“Por ejemplo, en el caso del señor Briceño, donde hay cierto acuerdo colectivo que la acusación no es sólida, es débil, no da para una acusación, el juez dice sobreseimiento”, dijo.
Indicó que “el caso no ha terminado, los imputados no están absueltos, pero en definitiva es una gran derrota para el Ministerio Público. En la nueva etapa intermedia es muy probable que el caso se archive o sobresea”.
“El alto costo del error judicial ¿Quién devuelve al Estado todo lo gastado (miles de horas de jueces, fiscales, procuradores, policías, y miles de horas de uso de la logística e infraestructura pública? ¿quién devuelve al Estado el precio de no asignar esos recursos a otros casos o al mismo caso, pero de modo eficiente? ¿quién devuelve a los acusados todo lo gastado en su defensa (abogados), las horas no trabajadas o no aprovechadas para otros fines (el costo de oportunidad)?”, cuestionó.
Finalmente, comentó: “Los fiscales y los jueces deben entender que administran recursos públicos, e indirectamente los recursos privados de los imputados. El error es muy costoso, pero nadie lo asume como tal, estamos acostumbrados a que cada quien se va a su casa y nos olvidamos de esta grave ineficiencia y desperdicio de recursos”.
