El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi aseguró que la legalización de los aproximadamente 400,000 pequeños mineros, y la consecuente tributación al erario nacional de estos, contribuiría hasta US$ 5,000 anuales a la economía nacional. Además, de que se regularía “el uso de explosivos, extracción de mineral y la comercialización de mineral”
En declaraciones al diario La Razón, señaló que “el monto de las economías ilegales en el Perú se estimaba en algo así como unos 9,000 millones de dólares y dentro de ello, la minería informal era el más significativo. Estaba ahí al borde de los 5,000 millones de dólares. Estas economías causan perjuicio al Perú por varias razones. Primero, no aportan lo que debe aportar normalmente una economía. O sea, todas las actividades económicas reportan a través de pago de impuestos un aporte de capital al Estado que se utiliza para lo común en una nación”.
En esa línea, dijo que “en realidad, la formalización para los mineros artesanales pasa más que nada porque eso le permite al Estado peruano diferenciarlo de la minería ilegal. Entonces, la formalización para los mineros artesanales significa que los permisos que se dan para uso de explosivos, extracción de mineral, comercialización de mineral, se reduzcan solamente a los que son realmente los mineros artesanales y los pequeños mineros porque entiendo que la minería ilegal se escuda tras los mineros artesanales. Ellos usan esos permisos y posiblemente también los contratan y los utilizan. Entonces, ese creo que sería el gran beneficio realmente”.
Asimismo, remarcó que “varios son los beneficios que podrían obtener los mineros artesanales con la formalización. Entre ellos, lograr mejores precios; acceder a sellos y certificaciones que les permitan ingresar a un nicho más amplio del mercado; recibir pagos por servicios ambientales como reconocimiento a la práctica de una minería responsable en términos sociales y ambientales, este último incentivo se otorgaría a las personas que cambian los usos del suelo para proteger los bosques”.
No obstante, Herrera Descalzi mencionó que “de otro lado, destruyen la naturaleza, afectan la vida de las personas, van a actividades que son prohibidas y que representan un retroceso a tiempos muy distintos, muy antiguos como trata de personas, trabajó de niños, daño ambiental. Entonces, el poder identificar a las economías ilegales significa impedir ese daño. O sea, primero que los recursos que utilizan sobre ellos no quieren tributar y segundo, que además producen daños que luego el Estado tiene que reparar”.
“Entonces, son las primeras fuentes de corrupción y se establece una cultura de corrupción en el país. La ley dice una cosa, las reglas dicen una cosa, pero todo se logra poniendo dinero en la mesa”, agregó.
Por otro lado, dijo que “creo que es un proceso que no es sencillo. El país no tiene la cantidad de fuentes de trabajo necesarias para absorber dignamente a la población. Entonces, la gente busca cómo ganarse el pan de cada día. Es lo que vemos cuando en la calle alguien viene y limpia el parabrisas y le pide un pago a cambio de eso. Entonces, ese es uno de los problemas del Perú. No es que simplemente con las leyes las cosas cambien de la noche a la mañana”.
Finalmente, dijo que “eso es un ejercicio muy simple, muy sencillo, como para tener una idea de orden de magnitud. Supongamos que esas economías fueran legales, esos 9 mil millones de dólares, varios de ellos son imposible, pero suponiéndonos que eso fuera, o por lo menos los 5 mil de la minería ilegal, le aportan 30%, tiene 1.500 millones de dólares”.
