More

    Carnecitas (02/02/2021) Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos

    Fiscalía rehúsa amparar un pedido de nulidad de adenda firmada por gobernador corrupto Acurio / La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, mantiene como secreto de estado, el pedido del abogado Ricardo Noriega Salaverry, ante la primera gestión del extitular, Pablo Sánchez Velarde (2015-2018), de nulidad de la adenda del contrato de concesión del Hotel de Turistas del Cusco, celebrado el 27 de diciembre del 2013 en favor de un grupo chileno, por ser nulo e írrito, porque fue firmado cuando el expresidente regional, Jorge Acurio Tito, ya había sido sacado del cargo por corrupto.

    Grupo chileno se apropió de hotel cusqueño

    Sánchez acogió la denuncia de Noriega Salaverry, con nuevos elementos no considerados en otras anteriores denuncias archivadas en el juzgado cusqueño de Wanchaq (Cusco) durante la gestión del expresidente regional, José Luis Segura (sucesor de Acurio), pero nunca resolvió, al parecer por presiones del grupo chileno concesionario del antiguo Hotel de Turistas del Cusco, representado según la denuncia de Noriega por el francés Laurent André Carrasett y el abogado cusqueño Raúl Galdó.

    Estaba impedido de firmar

    Si Sánchez rehusó denunciar penalmente para que el PJ declare nulo e irrito la adenda del contrato de concesión, Ávalos también eludió hacerlo, a pesar de que el argumento de la denuncia es irrefutable, al estar confirmado por Noriega que el 27 de diciembre del 2013 cuando Acurio firmó la adenda, 10 días antes la Sala Penal Liquidadora de la Corte del Cusco lo condenó por recibir sobornos de Odebrecht), y el 26 de diciembre, un día antes de firmar la adenda, el JNE lo inhabilitó del cargo.

    Gigante diferencia de ingresos

    Noriega en su denuncia difundida por youtube con el título “Repase chileno: Hotel Macchu Pichu”, revela que la escandalosa adenda autorizada por el prontuariado exgobernador regional, Jorge “Coco” Acurio Tito, amplió la concesión en favor del grupo chileno Perú OEH S.A, a cambio del pago mensual de US$ 10 mil mensuales, mientras que el beneficiario lo usufructua, hasta el 16 de mayo del 2025, con ingresos mensuales ascendentes a US 2’650,000. Tremenda diferencia de ingresos.

    Testaferros a la vista

    Basta apersonarse  al Hotel de Turistas del Cusco, como lo ha hecho Noriega, para comprobar que los testaferros Carrasett- Galdó, cobran la suma de US$ 1,800 por noche, y que por el número de habitaciones, obtienen el citado ingreso millonario al mes. La adenda por donde se le mire es corrupta, entreguista y contraria a los intereses del país. Sánchez y Ávalos debieron amparar su nulidad sin mayor trámite. Al no hacerlo, quedan convertidos en cómplices de un repudiable acto de corrupción.

    Destitución discutible

    El fiscal supremo, Pedro Chávarry fue destituido por la Junta Nacional de Justicia- JNJ por cargos discutibles, ninguno de ellos equivale un acto de corrupción, porque no lo son: haber dispuesto  supuestamente el deslacrado de una oficina, cuando es público que este acto fue hecho suyo por su exasesora, Rosa Venegas y tampoco haber sostenido conversaciones con el fugitivo César Hinostroza, cuando ambos eran miembros de la Academia de la Magistratura y este no tenía denuncia alguna.

    El verdadero perseguidor

    Chavarry fue objeto de una odiosa campaña de persecución por parte del expresidente Martín Vizcarra, por anunciar que llevaría al exmandatario a los tribunales por el caso del proyecto de aeropuerto de Chinchero y gruesos aportes de dinero de la empresa CASA, que integraba el llamado “club de la construcción”, para la campaña electoral presidencial PPK- Vizcarra, lo cual no es un secreto. Vizcarra para acallarlo movió a los fiscales Pérez y Vela, quiénes llegaron al extremo de pedirle su renuncia.

    Se fue de boca

    El congresista Juan de Dios Champi Huamán (Frepap) denuncio inicialmente que en su provincia Anta (Cusco), los bonos para los cusqueños pobres habían sido indebidamente cobrados por empresarios y congresistas. Pero luego, al recibir protestas de sus pares, aclaró que se había referido a familiares de empresarios y congresistas. Al margen del lapsus, es realmente grave que el bono haya ido a menos de quienes menos lo necesitan. La denuncia merece ser investigada.

    Limitación de vacunas

    El médico peruano, José Gonzales Zamora, asimilado a las filas del Jackson Memorial Hospital de Florida (EE.UU.), desinfló las ilusiones de la gran masa de angustiados peruanos y latinoamericanos que esperan vacunarse pronto contra el covid, al revelar que son de menor eficacia frente a la variante inglesa, y que si son eficaces ante las variantes sudafricana y brasileña. Admitió que a pesar de ello debe acelerarse la inmunización de la población con todas las vacunas posibles.

     “Retención es inconstitucional”

    El candidato al Congreso por ‘Renovación Popular” y analista político, Yorry Warthon, ante el anuncio del Ministerio del Interior de implementar 32 centros de retención temporal, hasta donde serán trasladados los infractores de la cuarentena, advirtió que se trata de una medida inconstitucional. “A través de un Decreto Supremo no es legalmente posible privar a los ciudadanos de derechos fundamentales, sino únicamente a través de una Ley, así lo señala nuestra Carta Magna”, dijo.

    Fiscalía rehúsa amparar un pedido de nulidad de adenda firmada por gobernador corrupto Acurio / La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, mantiene como secreto de estado, el pedido del abogado Ricardo Noriega Salaverry, ante la primera gestión del extitular, Pablo Sánchez Velarde (2015-2018), de nulidad de la adenda del contrato de concesión del Hotel de Turistas del Cusco, celebrado el 27 de diciembre del 2013 en favor de un grupo chileno, por ser nulo e írrito, porque fue firmado cuando el expresidente regional, Jorge Acurio Tito, ya había sido sacado del cargo por corrupto.

    Grupo chileno se apropió de hotel cusqueño

    Sánchez acogió la denuncia de Noriega Salaverry, con nuevos elementos no considerados en otras anteriores denuncias archivadas en el juzgado cusqueño de Wanchaq (Cusco) durante la gestión del expresidente regional, José Luis Segura (sucesor de Acurio), pero nunca resolvió, al parecer por presiones del grupo chileno concesionario del antiguo Hotel de Turistas del Cusco, representado según la denuncia de Noriega por el francés Laurent André Carrasett y el abogado cusqueño Raúl Galdó.

    Estaba impedido de firmar

    Si Sánchez rehusó denunciar penalmente para que el PJ declare nulo e irrito la adenda del contrato de concesión, Ávalos también eludió hacerlo, a pesar de que el argumento de la denuncia es irrefutable, al estar confirmado por Noriega que el 27 de diciembre del 2013 cuando Acurio firmó la adenda, 10 días antes la Sala Penal Liquidadora de la Corte del Cusco lo condenó por recibir sobornos de Odebrecht), y el 26 de diciembre, un día antes de firmar la adenda, el JNE lo inhabilitó del cargo.

    Gigante diferencia de ingresos

    Noriega en su denuncia difundida por youtube con el título “Repase chileno: Hotel Macchu Pichu”, revela que la escandalosa adenda autorizada por el prontuariado exgobernador regional, Jorge “Coco” Acurio Tito, amplió la concesión en favor del grupo chileno Perú OEH S.A, a cambio del pago mensual de US$ 10 mil mensuales, mientras que el beneficiario lo usufructua, hasta el 16 de mayo del 2025, con ingresos mensuales ascendentes a US 2’650,000. Tremenda diferencia de ingresos.

    Testaferros a la vista

    Basta apersonarse  al Hotel de Turistas del Cusco, como lo ha hecho Noriega, para comprobar que los testaferros Carrasett- Galdó, cobran la suma de US$ 1,800 por noche, y que por el número de habitaciones, obtienen el citado ingreso millonario al mes. La adenda por donde se le mire es corrupta, entreguista y contraria a los intereses del país. Sánchez y Ávalos debieron amparar su nulidad sin mayor trámite. Al no hacerlo, quedan convertidos en cómplices de un repudiable acto de corrupción.

    Destitución discutible

    El fiscal supremo, Pedro Chávarry fue destituido por la Junta Nacional de Justicia- JNJ por cargos discutibles, ninguno de ellos equivale un acto de corrupción, porque no lo son: haber dispuesto  supuestamente el deslacrado de una oficina, cuando es público que este acto fue hecho suyo por su exasesora, Rosa Venegas y tampoco haber sostenido conversaciones con el fugitivo César Hinostroza, cuando ambos eran miembros de la Academia de la Magistratura y este no tenía denuncia alguna.

    El verdadero perseguidor

    Chavarry fue objeto de una odiosa campaña de persecución por parte del expresidente Martín Vizcarra, por anunciar que llevaría al exmandatario a los tribunales por el caso del proyecto de aeropuerto de Chinchero y gruesos aportes de dinero de la empresa CASA, que integraba el llamado “club de la construcción”, para la campaña electoral presidencial PPK- Vizcarra, lo cual no es un secreto. Vizcarra para acallarlo movió a los fiscales Pérez y Vela, quiénes llegaron al extremo de pedirle su renuncia.

    Se fue de boca

    El congresista Juan de Dios Champi Huamán (Frepap) denuncio inicialmente que en su provincia Anta (Cusco), los bonos para los cusqueños pobres habían sido indebidamente cobrados por empresarios y congresistas. Pero luego, al recibir protestas de sus pares, aclaró que se había referido a familiares de empresarios y congresistas. Al margen del lapsus, es realmente grave que el bono haya ido a menos de quienes menos lo necesitan. La denuncia merece ser investigada.

    Limitación de vacunas

    El médico peruano, José Gonzales Zamora, asimilado a las filas del Jackson Memorial Hospital de Florida (EE.UU.), desinfló las ilusiones de la gran masa de angustiados peruanos y latinoamericanos que esperan vacunarse pronto contra el covid, al revelar que son de menor eficacia frente a la variante inglesa, y que si son eficaces ante las variantes sudafricana y brasileña. Admitió que a pesar de ello debe acelerarse la inmunización de la población con todas las vacunas posibles.

     “Retención es inconstitucional”

    El candidato al Congreso por ‘Renovación Popular” y analista político, Yorry Warthon, ante el anuncio del Ministerio del Interior de implementar 32 centros de retención temporal, hasta donde serán trasladados los infractores de la cuarentena, advirtió que se trata de una medida inconstitucional. “A través de un Decreto Supremo no es legalmente posible privar a los ciudadanos de derechos fundamentales, sino únicamente a través de una Ley, así lo señala nuestra Carta Magna”, dijo.

    Más recientes