La decisión se tomó tras una extensa audiencia en la que la Fiscalía presentó elementos que vinculan a los militares con el caso.
El Poder Judicial (PJ) ordenó 12 meses de prisión preventiva para ocho militares investigados por la muerte de cinco civiles ocurrida el pasado 25 de abril en la carretera Colcabamba-Ayacucho, en la región Huancavelica. Los efectivos también son investigados por el presunto delito de tentativa de homicidio calificado en agravio de otros tres ciudadanos que sobrevivieron al hecho.
La medida fue dictada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sede Pampas, de la Corte Superior de Junín, que declaró fundado en parte el pedido fiscal. Si bien el Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva, el magistrado determinó que el plazo de 12 meses era suficiente para garantizar el desarrollo de las investigaciones.
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Durante la audiencia, que se prolongó por cerca de 24 horas consecutivas, la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín presentó los elementos de convicción que sustentan la investigación. Entre ellos, señaló que las cinco víctimas fallecidas presentaban impactos de bala y sostuvo que los militares habrían colocado municiones junto a los cuerpos con el objetivo de alterar la escena de los hechos.
Por su parte, la defensa de los investigados solicitó que la audiencia dejara de ser pública y pasara a una sesión reservada. Según argumentó, iban a presentar documentación vinculada a labores de inteligencia relacionadas con una organización criminal que opera en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
Sin embargo, el juez rechazó el pedido al considerar que la información expuesta no comprometía la seguridad nacional ni justificaba restringir el carácter público de la audiencia.
Con esta decisión, los ocho militares permanecerán recluidos mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que murieron los cinco civiles y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso.
