De comprobarse una infracción grave, los estudiantes podrían enfrentar entre cuatro y seis años de privación de libertad, según el abogado.

El caso de presunta agresión sexual que involucra a estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise continúa bajo investigación. Diez alumnos se encuentran detenidos luego de que los padres de un menor de 16 años denunciaran que su hijo habría sido agredido sexualmente el martes 15 de septiembre, cuando se trasladaba en un bus del colegio tras participar en un campeonato de fútbol.

La Fiscalía confirmó la detención de los diez estudiantes. Asimismo, Cornelio Gonzáles Torres, director regional de Educación de Lima Metropolitana (Drelm), informó que en el vehículo también se encontraban dos entrenadores y el chofer. Estas tres personas permanecen en libertad, aunque se espera que acudan a brindar sus declaraciones.

En medio de las investigaciones, el abogado penalista Luis Lamas Puccio explicó cuáles serían las consecuencias legales que podrían enfrentar los menores si se confirma su participación en los hechos denunciados.

Según el especialista, el primer paso será determinar qué ocurrió mediante las diligencias correspondientes. Entre ellas, mencionó la evaluación médico legal del menor agraviado para establecer si se produjo una agresión sexual y conocer sus características.

También consideró necesario recoger las declaraciones de los estudiantes detenidos y de las demás personas que se encontraban en el bus. Estas diligencias permitirán establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar el nivel de participación de cada involucrado.

Respecto a una eventual privación de libertad, Lamas Puccio explicó que, al tratarse de menores de edad, las conductas investigadas son consideradas infracciones y no delitos dentro del procedimiento previsto por el Código de los Niños y Adolescentes.

El abogado precisó que el caso sería atendido por una Fiscalía y un juzgado de Familia, distintos de los órganos que intervienen en procesos penales contra adultos.

Asimismo, señaló que, si se confirma que ocurrió una violación y se determina la responsabilidad de los menores, podrían enfrentar una medida de privación de libertad de entre cuatro y seis años, dependiendo de las características y circunstancias del caso.

Las investigaciones deberán establecer qué ocurrió dentro del bus y cuál fue el grado de participación de cada uno de los estudiantes y demás personas presentes.