La decisión se toma en el marco de las investigaciones por presunta organización criminal y lavado de activos. 

El cerco judicial sobre Vladimir Cerrón Rojas vuelve a estrecharse. Este martes 31 de marzo, el Poder Judicial oficializó la reactivación de las órdenes de ubicación y captura contra el secretario general de Perú Libre. La medida responde a los procesos que se le siguen por su presunta vinculación con una red criminal que habría operado durante su gestión regional y en la financiación de su partido político.

Los cargos: Organización Criminal y Lavado de Activos

La fiscalía sostiene que Cerrón habría liderado una estructura destinada a captar fondos de origen ilícito para financiar campañas electorales y gastos personales. Los delitos imputados incluyen:

• Lavado de Activos: Por el presunto manejo de dinero proveniente de actos de corrupción conocidos como «Los Dinámicos del Centro».

• Organización Criminal: Al considerar que existía una jerarquía y permanencia en la comisión de estos actos ilícitos dentro del aparato partidario.

El revés en el Tribunal Constitucional

La reactivación de estas órdenes se produce luego de que la defensa de Cerrón agotara diversas instancias para anular las prisiones preventivas y sentencias en su contra. El Tribunal Constitucional (TC) rechazó recientemente los recursos de agravio constitucional presentados, ratificando la validez de las actuaciones judiciales previas. Con este fallo, no existen impedimentos legales para que la Policía Nacional proceda con su detención inmediata.

Clandestinidad y recompensa

Vladimir Cerrón cumplirá pronto un periodo prolongado fuera del alcance de la justicia, a pesar de mantenerse activo en redes sociales y emitir opiniones políticas de manera constante. El Ministerio del Interior mantiene al líder de Perú Libre en el Programa de Recompensas, ofreciendo una suma considerable por información que facilite su paradero exacto.

Reacciones políticas

Desde el Congreso, las bancadas de oposición han exigido al Ejecutivo una mayor eficacia en las labores de inteligencia para dar con el paradero del prófugo. Por su parte, representantes de Perú Libre han calificado la medida como una «persecución política» y una instrumentalización de la justicia para inhabilitar a su líder de cara a los próximos procesos electorales.