Pedro Castillo ha quedado arrinconado luego de contundente denuncia constitucional, la cual lo coloca como el cabecilla de la mafia chotana.
la Fiscalía de la Nación presentó la acusación constitucional contra el presidente de la República después de que por la mañana el equipo especial del Ministerio Público y de la PNP diera dos duros golpes a la organización que, según la tesis, desplegó un gran programa criminal liderado por Pedro Castillo Terrones
Un agitado martes se vivió en la política peruana. Por la mañana hubo allanamientos a asesores y congresistas allegados al gobierno; por la tarde la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo; y por la noche, hubo una selectiva conferencia de prensa del Ejecutivo con la prensa extranjera.
Los implicados en este caso son investigados por estar presuntamente involucrados en delitos de tráfico de influencias, encubrimiento personal, colusión y organización criminal.
5 fueron detenidos y uno se encuentra no habido.
Lo más resaltante es que la denuncia constitucional por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, y la misma alcanza a los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López.
Dicha carpeta fiscal fue entregada al Congreso de la República, y está en la cancha del Legislativo el curso que se le dará. Incluso puede determinar la salida de Castillo del poder.
Círculo cercano en problemas
Las seis personas con orden de detención preliminar pertenecerían al círculo de confianza del mandatario. No se descarta que luego se soliciten 36 meses de prisión preventiva contra ellos.
Los implicados en este caso, son investigados por estar involucrados en presuntos delitos de tráfico de influencias, encubrimiento personal, colusión y organización criminal. 5 fueron detenidos y uno se encuentra no habido:
– Salatiel Marrufo Alcántara (exasesor de Geiner Alvarado). Detenido en Lambayeque. Cumpliría el rol de coordinador de la presunta organización criminal.
– Eder Vitón Burga (exasesor del equipo técnico de Pedro Castillo). Detenido en Lima.
– Auner Vásquez Cabrera (exjefe del gabinete técnico de Pedro Castillo y asesor del ministro de Justicia, Félix Chero). Detenido en Lima. Cumpliría el rol de coordinador de la presunta organización criminal.
– Abel Cabrera Fernández (empresario chotano y presunto amigo del presidente). Detenido en la Libertad.
– Biberto Castillo León (Exasesor del Fondo de Apoyo Gerencial de Palacio). Detenido en Lima. Cumpliría el rol de operador en la organización criminal.
– Alejandro Sánchez Sánchez, (dueño de la casa de Sarratea), se encuentra no habido, pero se allanaron sus domicilios en Breña, Surquillo y Asia. En la estructura criminal tendría el rol de financista de la campaña de Castillo y coordinador de la organización delictiva que sería liderada por el mandatario, al igual que el alcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero, quien cumple prisión preventiva.
Según Fiscal,
La alianza entre el presidente y su círculo cercano que hoy está en el ojo de la tormenta se habría formado tras finalizarse la segunda vuelta electoral del 2021, teniendo como objetivo financiar lo que quedaba de campaña de Castillo Terrores. Sumado a esto, los involucrados recibirían beneficios ilícitos por su colaboración.
Una vez en el poder, el actual presidente del Perú, las instituciones públicas habrían recibido a personajes con respaldo del ‘Gabinete en la sombra’ para ocupar los cargos de gestión. Entre sus estrategias también estaría la captación de congresistas, ofreciendo ministerios a cambio de votos que mantenga la estabilidad del presidente en su gestión y evitar ser arrastrado a un pedido de vacancia, generando una suerte de blindaje en el Congreso.
Pedro Cateriano sobre denuncia contra Pedro Castillo: “No estamos ante un gobierno democrático por su carácter delictivo”
El exprimer ministro sostuvo que ahora le toca al Congreso de la República defender el orden democrático y constitucional. Refirió que el pronunciamiento de la fiscal de la Nación, desde el punto de vista jurídico, es muy contundente.
?#Urgente:
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó la denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, mediante un escrito ingresado esta tarde a la mesa de partes del Congreso de la República. pic.twitter.com/UyhdaPUXSi— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 11, 2022
Interferencia presidencial
La fiscal de la Nación en conferencia de prensa dijo que existe interferencia por parte del Ejecutivo para entorpecer las investigaciones. Para Pedro Cateriano es un hostigamiento descarado y burdo. “El presidente Castillo ante la desesperación y el pánico de la situación ha usado operadores políticos abogados que están a su servicio para atacar a la justicia y evitar su tarea, esto claramente constituye una clarísima obstrucción a la justicia”, manifestó.
La fiscal Superior respaldó el trabajo que viene realizando su colega Patricia Benavides y aseguró que la justicia debe luchar contra cualquier acto de corrupción venga de quien venga.
Esta mañana la Fiscal Superior, Marita Barreto, se presentó en una entrevista con Canal N en donde habló sobre la reciente denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo que acaba de imponerle la Fiscal de la Nación tras ser vinculado por presuntos actos de corrupción.
La fiscal anticorrupción fue clara en mencionar que la ley tiene que ser para todos por igual y que ante las investigaciones que han permitido determinar hechos serios que involucran al mandatario en presuntos casos de corrupción, se tiene que llegar hasta el último punto porque “nadie tiene corona”.
?|La fiscal Marita Barreto, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, describió el modus operandi de la presunta org. criminal enquistada en el poder: copamiento de las instituciones, lobbies ilícitos y licitaciones fraudulentas. Vía @canalN_ pic.twitter.com/g4YkX8mblk
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 12, 2022
“Eso es el verdadero poder político, cuando los que cometen delitos ejercen o instrumentalizan su función como altos funcionarios de Estado para concertar actos contrarios a la ley. Se ha encontrado evidencia en el cual establece el modo y circunstancia cómo es que algunos altos funcionarios de Estado promovieron el delito y buscaron ocultar aquellas personas que estaban siendo perseguidas por las autoridades porque eran pasibles de una detención y ocultaron a esa persona para que no pueda hablar en su momento y denunciar aquellos hechos le facilitaron no solo recursos económicos sino toda una estratagema para que pueda mantenerse con dinero del Estado en la clandestinidad. Eso, por ejemplo, es una conducta gravísima que no se puede permitir y el cuestionamiento de decir que no puede ser investigado porque el artículo 117 lo impide, es decirle la máxima autoridad del Estado puede cometer los delitos más execrables y debe mantenerse en la impunidad”, expresó.
El artículo 117 de la Constitución Política que salvaría de la destitución al presidente Pedro Castillo
La Carta Magna refiere que el mandatario solo puede ser acusado constitucionalmente durante su periodo por 4 únicos motivos.
Benavides Vargas mencionó que en adelante para decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional es responsabilidad exclusiva del Congreso de la República; no obstante, el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, refiere que el mandatario solo puede ser acusado durante su periodo por tres casos en particular: traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, municipales, por disolver el Congreso y/o por impedir la reunión o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
Al respecto, el magister en Ciencias Políticas, Heber Joel Campos, explicó a través de sus redes sociales que, en todo caso, antes de realizar un juicio político, la opción más viable sería la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente.
“La constitución es clara. Si un gobernante incurre en actos desdorosos, evidentes, más allá de toda duda razonables, que tornan inviable políticamente su permanencia en el cargo, lo que corresponde es la vacancia por incapacidad moral permanente, no la acusación constitucional”.
Además, el constitucionalista Luciano López, en una entrevista para canal N, refirió que la fiscal Benavides ha culminado la primera etapa de la investigación contra el presidente Castillo y que, el Congreso podría regirse a determinar si es que al mandatario se le somete a un antejuicio.
“La fiscal de la Nación ha acopiado elementos suficientes que la llevan a la necesidad de continuar con la investigación en su segunda fase, pero como existe el artículo 117 de la constitución que dice que no podría continuarse porque solamente está facultado para 4 supuestos y ninguno de ellos tiene que ver con delitos de corrupción, entiendo que la fiscal ha presentado esta acusación para que el parlamento tome una decisión sobre el particular, porque de lo contrario ella no podría continuar, el Congreso tendría que abrir lo que se conoce como antejuicio político y tomar una decisión histórica”.