Castillo quiere anular uso de videos de cámaras de Palacio como prueba

Presentará casación contra incautación de grabaciones

Presentará casación contra incautación de grabaciones

Tras 17 horas, el Equipo Especial de la Fiscalía de la Nación concluyó el operativo de allanamiento de Palacio de Gobierno e incautación de los videos de las cámaras de seguridad de los días 8, 9 y 10 de agosto.

Según la Fiscalía, las grabaciones permitirían confirmarían que por orden de Pedro Castillo se ocultó a Yenifer Paredes cuando fueron a detenerla y, por ende, se obstruyó la justicia.

Según trascendió, las filmaciones también muestran el ingreso irregular -sin registro- de diversos personajes hasta ahora desconocidos.

Ante ello, el abogado Benji Espinoza, defensa legal del presidente Pedro Castillo, informó que interpondrá un recurso de casación en los próximos días para anular la incautación de las cámaras de seguridad.

Espinoza indicó que este recurso será presentado en un plazo de días hábiles ante la Corte Suprema para que analice si la resolución judicial para proceder a la incautación de los videos “fue una decisión apegada al derecho o no”.

“La casación busca que revoque o que se anule, la revocación o anulación tendrían el mismo propósito de cancelar y dejar sin efecto esta decisión que, en nuestra perspectiva jurídica, constituye un desafuero de parte de los jueces”, explicó el letrado.

Desde la oposición se señaló que esta maniobra es una muestra de la desesperación del presidente Castillo ante la información contenida en los videos de las cámaras de seguridad de Palacio. Indicaron que mostrarían el pánico que tiene el jefe de Estado, por lo que buscaría a toda costa anular el uso de esta información.

Asimismo, Espinoza dijo que, si la Corte Suprema les da la razón, la orden judicial sería anulada y la información de las cámaras de seguridad no se podría utilizar como prueba en contra de la hermana de la primera dama, Lilia Paredes.

“La ley es muy clara: Toda aquella prueba obtenida con violación del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, carece de efecto legal y son inútiles”, indicó Espinoza a RPP.


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