Fiscal de la Nación deja sin efecto suspensión de la investigación
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, manifestó que se dejará sin efecto la suspensión de la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo Terrones por el presunto delito de tráfico de influencias en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.
Esta investigación por tráfico de influencias partió de la denuncia por irregularidades que presuntamente se cometieron desde el Ejecutivo en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas del Perú. Ello se conoció por medio del testimonio brindado por comandantes generales en retiro del Ejército y de la Fuerza Aérea.
De esta manera, el proceso contra el mandatario seguirá en pie. En el marco de ello, la Fiscalía ha citado a Castillo Terrones a brindar declaraciones el jueves 4 de agosto.
Asimismo, días antes de la presentación del jefe de Estado, otros investigados por el mismo caso también deberán presentarse ante el Ministerio Público. La empresaria Karelim López deberá declarar el próximo 18 de julio, mientras que el lobista Zamir Villaverde y el ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco han sido citados para el 19 de julio y 3 de agosto, respectivamente.
De acuerdo con un mensaje compartido en la cuenta de Twitter del organismo público, también se citará a seis oficiales del Ejército en el marco del caso de presuntas irregularidades en ascensos de las Fuerzas Armadas.
“Asimismo, se dispone iniciar investigación preliminar contra el mandatario y es citado a declarar el 4 de agosto. También se dispuso citar a Karelim López (18 de julio), así como a Zamir Villaverde (19 de julio), Bruno Pacheco (3 de agosto) y seis oficiales del Ejército del Perú”, se lee.
Por su parte, el abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, presentó formalmente el pedido de nulidad absoluta en contra de la decisión de abrir una segunda investigación preliminar contra el jefe de Estado por el presunto delito de tráfico de influencias.
El documento presentado alega que se ha afectado el debido proceso por anular una cosa decidida. Espinoza también indica que se ha afectado el principio de seguridad jurídica.
