Las ONG caviares, que defienden los derechos humanos de los terroristas, han iniciado una campaña contra la ley de amnistía que hace justicia a militares y policías, así como a las comités de autodefensa que enfrentaron al terrorismo en la década de 1980 al 2000.

Estos organismos han iniciado protestas y medidas legales para impedir la aplicación de la amnistía.

El 21 de agosto la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) ha convocado a los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta a una audiencia pública sobre la ley de amnistía  a la que también ha citado al Estado peruano.

En esa audiencia la Corte IDH pedirá a los jueces peruanos no aplicar la ley de amnistía, con el argumento que quebranta los compromisos adquiridos por Perú como estado firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que podrían aplicar el principio jurídico conocido como «control difuso de constitucionalidad» o «convencionalidad», que permite a un juez dejar de aplicar en un caso de su competencia una norma que le parezca contraria a la Constitución peruana o a la citada Convención.

La presidenta Dina Boluarte promulgó el último miércoles la ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, a pesar de las críticas del Poder Judicial y de la Fiscalía.

Boluarte Zegarra dijo que, con la promulgación de la ley, el Perú rinde “justicia” y “honra” a aquellos que combatieron durante las épocas de terrorismo.

“Muchos de estos hombres y mujeres entregaron su vida en defensa de la paz que hoy gozamos. Otros sobrevivieron, pero cargaron durante años con el peso de juicios interminables, de acusaciones injustas, de un dolor que no solo alcanzó a ellos, sino también a sus familias”, declaró.

HÉROE DE CHAVÍN DE HUÁNTAR

Integrantes de la histórica Operación Chavín de Huántar han alzado su voz en respaldo al coronel en retiro Roberto Villar, quien fue recluido en el penal de Piedras Gordas por presuntos delitos cometidos hace más de tres décadas durante acciones militares en el Alto Huallaga. Los comandos consideran que se trata de una injusticia contra quien participó activamente en la lucha contra el terrorismo en uno de los periodos más críticos de la historia del país.

Este valiente comando sería beneficiado con la ley de amnistía, luego de ser una de las víctimas de la persecución política de las ONG caviares que controlan el Ministerio Público

A través de comunicados y declaraciones públicas, los comandos han denunciado lo que consideran una práctica sistemática por parte de ciertos sectores del sistema de justicia, que —según sostienen— persiguen a los miembros de las Fuerzas Armadas.