Advierten renuncia de funcionarios de APCI que sí estarían a favor de fiscalizar a oenegés.
Terremoto en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Funcionarios a favor de fiscalizar ONG habrían renunciado, debido a que la nueva gestión, donde se han infiltrado miembros de la izquierda caviar, considera que este organismo no debe fiscalizar a las onegés.
“Bajo ese discursete, realmente lo que está haciendo es ocultar, o es frustrar, o es perturbar, la actitud y la actividad fiscalizadora que muchos funcionarios tienen dentro del APCI. Hay muchos caviares en el APCI, pero hay gente que no lo es. Hay gente que sí cree que hay que fiscalizar”, indicó José Luis Gil, analista político y experto en seguridad interna, a ‘Willax Noticias’.
Lee también:
Dinero de USAID fue usado para cacería judicial a FF.AA. y PNP
También, el exdirector general de Inteligencia del Ministerio del Interior, advierte que Noela Pantoja Crespo, jefa de APCI es de tendencia caviar y no tiene experiencia en cooperación.
“Efectivamente, ayer ha renunciado un alto funcionario que es pro fiscalización. El señor Carlos Castaño porque no es la política de la nueva jefa de APCI, de fiscalizar”, dijo Gil.
Alerta que solo el 10% de las ONGs inscritas son fiscalizadas. El 90 por ciento restante entregan declaraciones de gastos, pero muchas presentan documentos falsos para seguir viviendo sin trabajar.
Todas esas graves faltas figuran en el Registro Único de Sanciones de APCI. Hay cerca de 1,500 casos, registrados desde enero de 2009 a enero de 2024. No es poca cosa si se tiene en cuenta que solo se ha fiscalizado al 10% de las ONG.
Los primeros de la lista son una organización conocida porque estuvo involucrada en el famoso ‘Baguazo’, esa tragedia nacional que enlutó al país en junio de 2009 y que tiñó de sangre los montes y ríos de la provincia de Bagua en Amazonas.
Fue un conflicto social entre el gobierno peruano y los indígenas, azuzados por la ONG Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). El enfrentamiento conmocionó al país y desgració a 33 familias: 10 indígenas y 23 policías murieron. El mayor de la policía Felipe Bazán desapareció y su familia lo sigue buscando hasta hoy.
El conflicto fue una respuesta a los decretos legislativos del gobierno de Alan García que permitían la explotación de recursos naturales en territorios que los indígenas reclamaban como propios, los que gracias al dinero de AIDESEP organizaron una protesta con una clara posición política. Una función que no le corresponde a una ONG.
Ese mismo año 2009, APCI fiscalizó los movimientos financieros de AIDESEP. Lo encontrado fue preocupante. Presentaron documentos falsos para conseguir la inscripción de su organización, falsearon la actualización de los registros y fraguaron documentos que los benefician con la devolución de impuestos. Las investigaciones posteriores detectaron el desvío de por lo menos US$130 mil hacia cuentas personales de directivos de dicha ONG.
