A poco de concluir la legislatura, el Congreso agendó para su debate el dictamen que busca modificar la Ley sobre fiscalización a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que reciben fondos de la cooperación internacional.
Esto ha generado un malestar de estas entidades vinculadas a los derechos humanos, así por ejemplo Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), ha advertido que si se aprueban los proyectos de ley 6162, 6252, 7140, 7367 y 7354, se iniciarán procesos legales en los fueros internos del Perú.
Según Rivera, estas normativas son “inconstitucionales” y buscan “hostigar a las organizaciones no gubernamentales (ONG)” y otras entidades ciudadanas, creando una “lista negra” de aquellas que denuncian abusos del Estado, esto como excusa para revelar que hacer con los dineros captados de la cooperación internacional.
El Parlamento Nacional busca transparentar los recursos que captan algunos organismos no gubernamentales de la cooperación internacional, muchos de esos recursos son utilizados por entidades vinculados a los derechos humanos para persecución política a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que enfrentaron al terrorismo.
De acuerdo con el portal del Parlamento, la Junta de Portavoces acordó incluir el dictamen en la agenda plenaria.
La propuesta busca transparentar el dinero que ingresa al país a través de la cooperación internacional. Según Aguinaga, existen ONG que se registran para actividades de desarrollo, pero realizan activismo político.
Para ello, la norma plantea modificar por lo menos tres artículos de la Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) a fin de establecer la obligatoriedad de los registros, planes operativos y declaraciones anuales de las entidades.
De acuerdo con el artículo 1 de la norma, se buscar regular el cumplimiento de los registros, la presentación de planes operativos y declaraciones anuales de las ONG y también de las entidades e instituciones extranjeras de Cooperación Técnica Internacional, de las instituciones privadas sin fines de lucro, receptoras de donaciones de carácter asistencial y/o educacional provenientes del exterior.
Además, señala que la APCI deberá garantizar el uso correcto de los recursos de la cooperación internacional “que se gestionan por medio del Estado, como aquellas organizaciones receptoras privadas que cuenten con algún privilegio o beneficio tributario”.
Según información de APCI las ONGs captan más de 400 millones de dólares cada año. Un 50 % de unos tres mil organismos no gubernamentales (ONG), de desarrollo (ONGD) y otros que reciben recursos de fuentes internacionales, registran y dan cuenta de sus actividades. El resto, no, es decir la mitad no es transparente.
