César López
Representantes de los organismos no gubernamentales politizadas por la llamada “izquierda caviar” pretenden tomar por asalto la Fiscalía de la Nación y colocar a fiscales de acuerdo a sus intereses para petardear la investigación en el caso Lava Jato.
El Instituto de Defensa Legal, ONG que recibe dinero de la cooperación internacional para garantizar la supuesta defensa de los derechos humanos, planteó la recomposición de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público como una salida provisional a la crisis instaurada en esta institución a raíz de la implicación de sus más alta autoridades en presuntos actos delictivos.
Sin embargo, lo que buscaría esta ONG es descabezar al equipo especial liderado por el fiscal Rafael Vela que está gestionando la llegada de servidores que tendría información y pruebas de los sobornos y coimas a los implicados en el caso Lava Jato.
A través de un pronunciamiento, esta organización caviar propuso que, para recuperar la legitimidad de la Junta de Fiscales Supremos y adecuar el desempeño al respeto de deberes funcionales, los fiscales Pedro Chávarry, Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez y Luis Arce, no deben continuar en funciones.
“Sus plazas deben ser reemplazadas por fiscales supremos provisionales, nombrados por quienes se encuentran fuera de los cuestionamientos e investigaciones del Ministerio Público en el caso #CNMaudios, hasta que se realice el nombramiento de los nuevos fiscales supremos”, señaló.
Indicó que los actuales miembros de la Junta de Fiscales Supremos deben ser conscientes de que el país les exige una “solución inmediata y transitoria” a esta crisis.
Añade que la permanencia de Chávarry en el cargo de fiscal de la Nación, y del resto de fiscales involucrados, viola varias normas esenciales de todo estado democrático de derecho.
La organización advierte también la suspensión de funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) deja en manos del Congreso la investigación y posible sanción por responsabilidad constitucional y política del fiscal de la Nación.
“Esta situación favorece la impunidad ya que los integrantes de la mayoría parlamentaria y su lideresa Keiko Fujimori, también involucrados, han expresado respaldo a su gestión”, manifiesta.
Finalmente, hace mención a la sentencia del Tribunal Constitucional (exp. N° 00791-2014-PA/TC, del 15 de julio de 2014), referente al exfiscal Mateo Castañeda, la cual establece el precedente de que un informe fiscal en el cual se establece la presunta responsabilidad penal es causal para no poder sr elegido como fiscal supremo y, por lo tanto, tampoco para mantenerse en el cargo.
“Por ello, la estabilidad en el cargo del fiscal Chávarry es precaria: su ratificación no ha culminado al no existir una resolución, y esta se debería anular a la luz de las nuevas informaciones. Su condición es precaria y de facto y no se condice con el cargo que ostenta ni con las garantías de independencia que él mismo exige”, concluye.
Como si se hubieran puesto de acuerdo, los caviares de la Asociación Civil Transparencia exigió que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, dé un paso al costado mientras se investiga su presunta participación en la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, incluida en un informe fiscal.
«Demandar que el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, dé un paso al costado de inmediato mientras se investiga y esclarece su participación en la organización criminal a la que se refiere el informe de la fiscal Sandra Castro y se garantice la autonomía e independencia del Ministerio Público en las investigaciones de todas las personas involucradas», indica el comunicado.
