Defensa de Cerrón pide anular prisión preventiva
Dos aspirantes a la presidencia que participan en las Elecciones Generales 2026 han llevado sus casos al Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de obtener resoluciones relacionadas con investigaciones judiciales que los involucran. Se trata de Vladimir Cerrón, candidato por Perú Libre, y de José Luna Gálvez, postulante del partido Podemos Perú.
Los siete magistrados del tribunal escucharon este miércoles los argumentos presentados por las defensas de ambos políticos durante una audiencia pública realizada de manera virtual.
En el caso de Cerrón, su defensa pretende que el tribunal deje sin efecto la prisión preventiva y la orden de captura que se mantiene vigente en su contra. El objetivo es que el candidato pueda continuar su proceso judicial en libertad y seguir participando en la campaña electoral.
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El abogado Humberto Abanto explicó que su patrocinado cumplía previamente con reglas de comparecencia con restricciones en el proceso conocido como “Dinámicos del Centro”. No obstante, posteriormente se emitió una sentencia en el caso denominado “Aeródromo Wanka”, la cual fue anulada por el propio Tribunal Constitucional al considerar que presentaba irregularidades.
Según el letrado, el incumplimiento de las condiciones impuestas por la justicia ocurrió en ese contexto. Por ello, la defensa solicitó que se restablezca la comparecencia con restricciones y que se retire la medida de prisión preventiva para que Cerrón pueda enfrentar su proceso sin estar detenido.
El candidato permanece en la clandestinidad desde el 6 de octubre de 2023. Desde entonces, el Ministerio del Interior del Perú mantiene una recompensa de medio millón de soles para quien brinde información que permita ubicarlo.
A pesar de esta situación, Cerrón ha realizado diversas intervenciones públicas mediante entrevistas y transmisiones en redes sociales durante el desarrollo de la campaña electoral.
La defensa también sostuvo que el caso debería resolverse con rapidez debido a su relación con el proceso electoral, ya que el resultado podría influir en la participación del candidato en actividades como el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.
Por otro lado, José Luna Gálvez también presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional. En su caso, la acción corresponde a un recurso de amparo dirigido contra el fiscal Carlos Puma, quien conduce una investigación por presunto lavado de activos.
La defensa del candidato, encabezada por el abogado Mateo Castañeda, sostiene que la investigación fue formalizada sin que Luna ni su hijo, José Luis Luna Morales, fueran citados previamente, lo que —según indicaron— habría afectado su derecho a la defensa.
El caso está vinculado a una investigación relacionada con la empresa educativa Telesup y la presunta intervención de exconsejeros del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura en el nombramiento de autoridades electorales.
Luna también señaló que enfrenta otra investigación vinculada a la inscripción del partido Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, aunque afirmó que hasta el momento no se ha presentado una acusación contundente.
El candidato manifestó además que esta será la única vez que participará en una contienda presidencial. Indicó que, a sus 70 años, considera que ya ha cumplido una etapa en la política y que en adelante el partido continuará con nuevos liderazgos.
Las decisiones que adopte el Tribunal Constitucional en ambos casos podrían tener repercusiones en el desarrollo de la campaña electoral, debido a que se producen a pocas semanas de las elecciones programadas para el 12 de abril.
